Bogotá. Grupos nutridos de manifestantes vestidos de blanco se movilizan este domingo contra las protestas y cierres viales en Colombia que desataron una severa crisis que deja casi 60 muertos en choques entre policías y civiles armados.
En Bogotá, Medellín y otros puntos del país avanzan las manifestaciones contra las protestas que desde hace un mes tienen contra las cuerdas al presidente Iván Duque, quien debió recurrir a los militares para tratar de recuperar el control de ciudades como Cali y otras localidades del suroeste del país.
Hombres y mujeres de blanco caminan con pancartas que piden "paz" o "no más bloqueos" de carreteras y entonando oraciones.
"Nosotros hoy salimos a marchar pacíficamente para pedir que termine el paro y volvamos al trabajo (…), todo el cierre de vías y bloqueos está afectando a la economía nacional y está generando mayor pobreza", dijo a la AFP Bernardo Henao, abogado y ganadero de 63 años.
Un mes después del estallido social que desató la idea ya descartada del gobierno de subir impuestos en plena pandemia, el país luce fracturado, con una policía muy cuestionada por el trato que le ha dado a los manifestantes y con brotes de violencia por parte de civiles armados hasta con fusiles.
"Cuando el atentado es contra la vida, la gente tiene derecho a defenderse (…) Hay que entender que las personas protegen al país y se protegen a sí mismos", dijo Álvaro Aparicio, empresario del sector financiero de unos 60 años.
Desde el 28 de abril, decenas de miles marchan casi a diario contra los abusos policiales y la gestión del gobierno de la emergencia económica que trajo el coronavirus, mientras grupos menos numerosos se empezaron a movilizar en las últimas semanas en rechazo a los primeros.
El gobierno, entretanto, mantiene negociaciones con el frente más visible de la protesta, aunque no el único, en busca de acuerdos que alivien la crisis. Este domingo las partes retomaron sus conversaciones.
Sindicatos, estudiantes y otras organizaciones sociales, que forman el llamado Comité del Paro, exigen una condena explícita de la violencia policial, garantías para la protesta y un Estado más solidario con una sociedad empobrecida por la pandemia, que el sábado volvió a romper el récord diario de muertes y tiene al sistema de salud al borde del colapso.