Vecinos de la colonia Roma pidieron al Gobierno de la Ciudad de México detener y revocar los permisos de construcción de un inmueble de 10 niveles, tres de ellos subterráneos, en el predio ubicado en Coahuila 28, que se inició sin que la inmobiliaria cumpliera con el procedimiento de información vecinal al que está obligada por ley.

En un recorrido, los inconformes detallaron que la obra se realiza sin respetar la separación y límites entre colindancias, lo que podría dañar las edificaciones contiguas, una de ellas catalogada de alto riesgo, dada su antigüedad, así como otra en Coahuila 30, con una inclinación hacia el nuevo edificio.

De acuerdo con una opinión técnica de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, la zona es de alto peligro ante un sismo y cerca del predio existen líneas de fractura en el subsuelo, por lo que dio aviso a la alcaldía Cuauhtémoc a fin de que se tomen las medidas necesarias para que la obra no represente una potencial fatalidad.

En ese lugar antes había un restaurante, un salón de fiestas y oficinas habilitadas en un inmueble de un solo nivel, que después del sismo de 1985 resultó con daños y fue expropiado por el gobierno para la construcción de vivienda de interés social.

“El proyecto inmobiliario no se concretó y está la inquietud de saber cómo se adquirió la propiedad si era un bien público, por lo que pedimos a las autoridades que hagan las investigaciones conducentes”, señalaron los residentes.

Arturo Aparicio, representante legal de los condóminos de Coahuila 30, señaló que la obra es irregular desde el origen porque no se cumplió con la información por medio de la cual los vecinos de la zona deben conocer previamente el proyecto inmobiliario para que decidan si están de acuerdo o tienen alguna observación antes de que se emita el permiso de construcción.

Dijo que en la alcaldía Cuauhtémoc se dio entrada al trámite de la inmobiliaria sin entregar la información a los pobladores durante un periodo en el que las ventanillas estaban cerradas por la emergencia sanitaria, por lo que se han presentado denuncias ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial sin que se haya actuado.