Si por “mal de archivo” (Derrida dixit) entendemos lo que una sociedad teme cuando la exponen al desnudo, algo que debería quedar oculto y sale a la superficie, Santiago Nieto, el afanado intendente de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), es sin duda uno de sus hemerógrafos actuales. Se trata, de otra parte, de la memoria suprimida nacional: el laberinto de los archivos de la corrupción.
Hace algunos días, Nieto dio la noticia acaso más imponderable en lo que va del sexenio: Odebrecht y Francisco García Cabeza de Vaca habrían sostenido durante años un constante intercambio de influencias, favores y, por supuesto, dividendos. De inmediato, la UIF pidió instruir otro proceso contra Emilio Lozoya Austin. Seguramente, ahora quiere saber de los hombres y los nombres que encabezaron este otro circuito de negocios.
De Odebrecht, la compañía brasileña de energía que se dedicó a corromper gobiernos a lo largo de América Latina para obtener contratos y prebendas, se sabe que era una fachada. Ahí se conjugaban los intereses de la banca mundial con los de las empresas energéticas globales. La información sobre García Cabeza de Vaca es menos cuantiosa. Pero hay evidencias de que fungió como un operador del huachicol –los combustibles robados a los ductos de Pemex– para varios cárteles del crimen organizado desde la administración de Vicente Fox. ¿Qué intereses podrían tener en común la banca global y los narcos mexicanos?
Más allá del lavado de dinero, uno de los negocios bancarios más redituables de la época (el narco paga altísimas cantidades por blanquear sus ingresos), todo apunta a un circuito extremadamente complejo. Para los cárteles, la gasolina robada a Petróleos Mexicanos representó –y continúa representando– no sólo el más cuantioso de sus dividendos, sino el más estable y predecible. Con un poco de aritmética se puede calcular lo que ha significado el secuestro de 25 por ciento del más de un millón de barriles de combustible diarios que México importa para mantener en marcha a un parque vehicular de 34 millones de vehículos. Para las empresas–como Coca-Cola, por ejemplo– el precio por litro se reduce a 11 o 12 pesos, aproximadamente la mitad del precio oficial. Para los dueños de las gasolineras, la ganancia supera 100 por ciento. ¿Y la banca, qué tiene que ver con todo esto?
Una de las partes centrales de la deuda de Pemex se origina en la resta de la gasolina robada con respecto al total de la importada. Mientras mayor sea la diferencia, mayores son los préstamos y claro los intereses. ¿Quién paga esta diferencia? Digamos que el Estado en general, y en particular los que pagamos impuestos día a día. De tal manera, que el huachicol nutre de dividendos al narco, las franjas de Petróleos Mexicanos que lo facilitan, las empresas que lo consumen, las gasolineras que lo venden y, sobre todo, a la banca global. Ésa por esto que Odebrecht podría haber estado interesada en operadores como García Cabeza de Vaca.
¿Cuál ha sido la respuesta de la administración frente a esto que se podría llamar una economía del mal? Con la nueva adquisición de una refinería en Texas y la construcción en marcha de otra en Dos Bocas, la respuesta es evidente: lograr la autosuficiencia en el abasto de gasolinas y diésel. Si Pemex se transforma en un productor de gasolinas –una opción clausurada (y boicoteada) sistemáticamente por las administraciones desde Salinas hasta Peña Nieto– las cosas cambiarían sin duda. Finalmente, el negocio no está en el petróleo, sino en la venta de gasolinas. Pero con ello, la política mexicana de energéticos se ha metido en la boca de uno de los lobos más agrestes de la economía mundial: el mercado de las gasolinas. La portada reciente de la revista The Economist que la ironiza y la evaluación de basura que hizo Moody’s de la refinería recién adquirida en Texas que de facto la satiriza, son agentes de este inclemente mercado.
¿Vale la pena correr los riesgos para alcanzar la autosuficencia en gasolinas? La respuesta es sí, pero sólo si afecta los apoyos globales de los cárteles y, con ello, sus bolsillos. El petróleo representa mucho más que los negocios del hidrocarburo. De su destino depende hoy, en gran medida, el estado actual de inseguridad nacional. Al igual que en la década de los 30, no es un problema energético, sino que afecta, indirectamente, la vida y la tranquilidad cotidianas del ciudadano de a pie.
Sin embargo, existen otras opciones, de las que la administración de Morena no quiere escuchar. La más obvia es reducir el consumo de combustibles fósiles. Hoy existen múltiples y ecológicas formas alternativas de producir energía: la eólica, la geotérmica, la marítima, la solar, etcétera. Y si bien cada una de ellas trae consigo su propia problemática, estas opciones alternas contraen en México un dilema general: todas ellas requieren un espacio en las comunidades donde se erigirían. Todas ellas suponen, para su funcionamiento, el consenso de las comunidades. Morena, simplemente, no va a recorrer este camino. Todo lo que significa la autorganización le es ajeno. Sería una tarea para un futuro gobierno de izquierda preocupado realmente en empoderar a las comunidades y poblaciones en su propio hábitat.
