Bogotá. La presión en las calles de Colombia se mantuvo ayer al cumplirse un mes del inicio de las protestas contra el gobierno del presidente Iván Duque, las más concurridas de las décadas recientes en el país, que han dejado decenas de fallecidos y cientos de heridos.

El levantamiento popular vivió otra jornada trágica y de violencia luego de que se registraron cuatro muertes en el Valle del Cauca, principalmente en Cali, tras varios tiroteos que involucraron a civiles con pistolas y fusiles, además de varios actos de vandalismo, por lo que Duque anunció la militarización del sureño departamento.

Uno de los hechos más graves se dio en el sector caleño de La Luna, donde un investigador de la policía judicial, identificado como Fredy Bermúdez, que se encontraba de descanso, disparó contra civiles que lo acusaron de estar infiltrado en los bloqueos de vialidades.

Videos difundidos en redes sociales muestran a un hombre caído sobre un charco de sangre y a Bermúdez empuñando un arma acosado por una turba de manifestantes. Momentos después, las imágenes muestran al funcionario en el suelo después de haber sido linchado. Una persona más falleció tras recibir varios disparos en medio de otra concentración.

Otro enfrentamiento se dio cuando varias personas intentaban salir de la urbanización Poblado Campestre, cerca de Cali, para realizar sus actividades cotidianas, lo que dejó un muerto. Las personas en el bloqueo señalaron que sólo se permitía el paso a personal médico.

Tras más actos violentos y vandálicos, sobre todo saqueos, destrozos y balaceras, la gobernadora Clara Luz Roldán decretó un toque de queda en todo el departamento desde las 19 horas y hasta las 5 de hoy, y pidió a Duque el despliegue de elementos para retomar el control.

El presidente llegó cerca de las 18 horas a Cali, acompañado del ministro del Interior, Daniel Palacios, para encabezar un consejo de seguridad junto a las autoridades locales y analizar la grave situación en el departamento. “A partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la policía nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle”, dijo.

Cali ha sido el epicentro de las manifestaciones. Los bloqueos que afectan a esta y otras ciudades dividen al gobierno y al frente más visible de la protesta, que conversan desde hace dos semanas sin lograr ningún acuerdo.

En el municipio de Popayán se registró otro brote de violencia cuando un grupo de encapuchados atacó con bombas incendiarias la alcaldía y otras instalaciones aledañas. Juan Carlos López, alcalde de la capital cauqueña, decretó toque de queda y ley seca en la ciudad a partir de las 18 horas para cesar la violencia y liberar las vialidades.

Al centro del país, en Madrid, un municipio aledaño a Bogotá, se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía antimotines cuando esta última intentó desbloquear una vía pública. “Ya estamos cansados de esta injusticia, de este gobierno corrupto, de esta desigualdad”, señalaron inconformes.

Con música y actos culturales conmemoran un mes del inicio del paro nacional en Bogotá, aunque se registraron bloqueos en varias vialidades y un nutrido grupo tomó un camión del sistema de transporte público Transmilenio en el portal de Las Américas.

En el departamento de Norte de Santander, miembros de las comunidades campesinas del Catatumbo bloquearon la vía que comunica a Cúcuta con el estado venezolano de Zulia. En las ciudades de Pasto, Medellín, Ibagué y Montería, entre otras, las marchas transcurrieron de manera pacífica y con actos musicales.

Sacerdotes con cascos, máscaras antigases e improvisados escudos conformaron la primera línea ecuménica para apoyar las múltiples marchas del país, como lo han hecho docentes y madres. Los jóvenes de la primera línea, que iniciaron este modo de manifestación y defensa, son considerados los héroes de las actuales jornadas.

Desde el 28 de abril, decenas de miles de personas han salido a las calles en rechazo a un alza de impuestos propuesta por Duque para paliar la crisis que agudizó la pandemia del Covid-19, y aunque el mandatario retiró el proyecto del Congreso, la represión en las protestas por la policía –condenada por la comunidad internacional– avivó el malestar en las calles, lo que llevó al gobierno a descartar una propuesta de reforma al sector salud.

Duque y el Comité Nacional del Paro, que agrupa a los principales sindicatos, no han logrado establecer las bases que permitan la apertura de una negociación para finalizar con la crisis. Los manifestantes piden que el gobierno se comprometa a dar garantías para el ejercicio de la protesta social, mientras éste tiene como inamovible el cese de los bloqueos viales que interrumpen el abastecimiento de alimentos, medicinas y el libre tránsito de los ciudadanos y mercancías afectando la economía.

Después de 30 días, las ONG que conforman la campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas han reportaron la muerte de 59 civiles, de las cuales 32 fueron cometidas por la policía, mientras la fiscalía da cuenta de 43, de las que 17 tienen nexo directo con las manifestaciones.

Además de cientos de heridos, otras agrupaciones han documentado desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios, disparos de armas reales y agresiones sexuales contra civiles durante el paro nacional.

Las demandas de los manifestantes se han ampliado conforme han pasado los días para incluir un ingreso básico para los más pobres, oportunidades laborales y de educación para los jóvenes y el fin de la violencia policial, así como llamados a eliminar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Corte Suprema ordena investigación

La sala civil de la Corte Suprema ordenó al gobierno que en 15 días informe sobre las manifestaciones desde el 19 de noviembre de 2019 hasta la fecha, principalmente las “investigaciones penales y disciplinarias contra miembros de la fuerza pública involucrados en delitos contra manifestantes”.

La petición es parte de una serie de pruebas que solicitó la corte luego de que varios ciudadanos le pidieran declarar en desacato a varias entidades oficiales por no cumplir el fallo que en 2020 emitió ese alto tribunal, ordenando proteger la protesta social y en el que asegura que el accionar del Esmad ha sido violento.

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió ayer al Congreso de su nación 453.8 millones de dólares para invertir en Colombia en 2022.

Si bien la cifra es muy similar a la que aprobó el Congreso estadunidense el año pasado para gastar en el país (461 millones), es superior, y por bastante, a las propuestas que presentó la administración de Donald Trump durante sus años en la Casa Blanca, reportó el diario colombiano El Tiempo.

En este contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó su preocupación y condolencias por la pérdida de vidas durante las recientes protestas en Colombia y reiteró el incuestionable derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente.

Blinken también “acogió con satisfacción el diálogo nacional convocado por Duque como una oportunidad para que el pueblo colombiano trabaje en conjunto para construir un futuro pacífico y próspero”, informó Ned Price, vocero del Departamento de Estado, en un comunicado.

El secretario de Estado se reunió con la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y en el encuentro se aseveró que la alianza entre los países es “absolutamente vital” y ha comprometido el apoyo de Washington a una “paz duradera” en el país sudamericano, indicó Price.

Aclaran malentendido con la CIDH

En entrevista con la emisora local W Radio, Ramírez aseguró que durante la reunión que tuvo el lunes con delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pudo haber un malentendido, ya que en ningún momento se negó al organismo la entrada al país para vigilar las manifestaciones. “Le he dicho que estamos pendientes de todo este trabajo con la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, para que suministren a la CIDH toda la información que ha sido solicitada y podamos tener esa visita”, agregó.

Desde el 14 de mayo, la CIDH ha pedido al gobierno colombiano que permita el ingreso de una comisión para verificar la situación de derechos humanos ante denuncias de abuso policial en medio de las protestas, lo cual sólo fue aprobado por la presidencia de Duque esta semana.

Durante la reunión con Blinken, la funcionaria también le notificó que se trabaja en coordinar una visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y posiblemente del director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.