La oposición oligárquica decidió adelantar en los hechos el referéndum programado para marzo de 2022 y convertir el voto del próximo 6 de junio en una simple opción entre “sí y “no” a la continuidad de la Cuarta Transformación. Su cálculo es reducir a mera gestión gerencial la segunda mitad de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, atarle las manos y anular el mandato popular de 2018 transfiriendo el poder del Ejecutivo federal al Legislativo, el Judicial, los gobernadores del corte de García Cabeza de Vaca y el montón de organismos autónomos que operan como últimas trincheras institucionales de la corrupción neoliberal, empezando por la fracción hegemónica que controla el Instituto Nacional Electoral y que descaradamente lo ha puesto al servicio de la oposición política.
En razón de esa apuesta, PAN, PRI y PRD decidieron unir sus empeños regresivos y en lugar de pedir el sufragio para sus propios candidatos, lo piden para cualquiera que se oponga a la 4T y por medio de páginas web orientadoras del “voto útil” pretenden encauzar el voto a los aspirantes opositores que puedan representar una amenaza para los de Morena.
En el Frankenstein opositor, membretes parapetados en la supuesta defensa de derechos humanos, el ambientalismo o el feminismo convergen en este afán con remanentes del medioevo que llaman a votar en contra del “masón satánico” López Obrador para salvar a México del derecho al aborto y de los matrimonios de personas del mismo sexo.
Comunicadores que se llenaron los bolsillos al amparo del régimen oligárquico hoy presentan el desastre nacional causado por ese mismo régimen como si hubiese sido generado por el gobierno en curso y aprovechan la inevitable lentitud de los cambios para responsabilizar a la 4T de la corrupción, la violencia, la pobreza, la desigualdad y el atraso político y social provocados en cuatro décadas y que, ciertamente, no se pueden borrar en dos años y medio.
Medios internacionales que invirtieron años de tinta y tiempo aire en demonizar a gobiernos considerados “enemigos” por Washington han encontrado la oportunidad de obtener dividendos dobles de esa inversión y reciclan su propaganda cambiando el nombre de Venezuela por el de México con la simple función de “buscar y remplazar” en el procesador de textos. Así, presentan a AMLO no sólo como un peligro para México, sino también para Estados Unidos y la democracia mundial.
El bullicio resultante puede ser ensordecedor en las redes sociales y en los medios al servicio de los intereses oligárquicos; hasta puede resultar convincente en sectores de las clases medias desconcertados porque, 29 meses después de la toma de posesión del actual Presidente, no han obtenido beneficios personales tangibles ni logran percibir que en ese lapso se ha detenido la degradación nacional y que, en medio de las terribles circunstancias de la pandemia, la base de la pirámide social ha recuperado dignidad y esperanza, y no sólo mediante los programas sociales del gobierno lopezobradorista.
¿Que AMLO ha destruido instituciones? Sí, Financial Times, claro. Por ejemplo, en los primeros minutos de su gobierno acabó con el EMP y con Los Pinos; demolió la simulación del Seguro Popular y arrasó el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), una cosa que en el sexenio anterior sirvió para robarse más de 20 mil millones de pesos y dejó a cientos de miles de niños tomando clases en el lodo; extinguió fideicomisos más opacos que el petróleo crudo y dio al traste con la subrogación de guarderías, un negocio hecho para beneficiar a influyentes y amigos del poder. Y nada de eso se ha hecho a contrapelo de la Constitución; infórmate un poquito.
¿Que es una amenaza para la democracia? Lo es, si por democracia se entiende esa corrupta urdimbre burocrática electoral diseñada para perpetuar el neoliberalismo que llevó a los partidos a la despolitización y a convertirse en meras entidades administradoras de presupuestos, cuyos organismos cúpula, el INE y el tribunal electoral, poseen facultades para dictar estatutos e imponer dirigencias y decisiones a los institutos partidistas.
Pero en lugar del Inifed, la 4T instituyó el programa La escuela es nuestra, que envía directamente de la Tesorería de la Federación a los comités escolares –maestros, padres, alumnos– los recursos para la mejora de los planteles, y para remplazar al Seguro Popular fundó el Insabi, que tiene como misión garantizar el derecho a la salud, de manera gratuita, a la población no afiliada al IMSS o al Issste. Y, pese al sistemático golpeteo del INE y de los otros organismos autónomos, ha emprendido la mayor redistribución de poder político que ha tenido lugar en el país desde el sexenio cardenista.
¿Que aún falta mucho por hacer? Sí, falta mucho. Pero no por eso la mayoría de la sociedad va a echar por la borda lo mucho que ya se ha conseguido.
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