Durante la actual campaña electoral, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en conjunto con el Instituto Nacional Electoral (INE), ha identificado 170 operaciones inusuales relacionadas con el financiamiento a candidatos o a partidos políticos.
Mireya Valverde Okón, directora general de Asuntos Normativos de la oficina dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), comentó que, derivado del convenio suscrito con el árbitro de las elecciones, tienen “algunos hallazgos” de comportamientos ilícitos.
“Se han identificado 170 reportes de operaciones inusuales relacionados con igual número de sujetos. Del total, 33 tienen calificaciones superiores a ocho, lo que significa que merecen especial atención”, expresó la también integrante del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Detalló que dichos movimientos financieros “inusuales” se han detectado desde el primero de septiembre de 2020 hasta el 15 de mayo de 2021, aunque no brindó más detalles.
Durante un foro organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que estas acciones se han realizado bajo el contexto de colaboración con el INE, por lo que bajo las atribuciones de ese organismo autónomo se puedan realizar acciones, aunque no especificó cuáles.
Ante los miembros del organismo del sector privado presentó las Guías de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los proceso electorales. Apuntó que si bien no son de uso obligatorio, se sugiere que sean aplicadas en las empresas con la finalidad de identificar y prevenir actos irregulares.
Apuntó que si bien los empresarios y unidades económicas no tienen acceso al padrón de personas bloqueadas, sí pueden consultar la lista de sujetos políticamente expuestos, la cual es elaborada por el Servicios de Administración Tributaria (SAT).
“Para el sistema financiero hemos identificado algunos patrones en procesos electorales, por ejemplo, personas que no forman parte del padrón de proveedores del INE, coincidencia de aportaciones y donaciones físicas y jurídicas con otras campañas electorales locales o federales y sindicatos que reciben dinero de empresas fachada y lo distribuyen por tarjetas nominales”, añadió.
Jacqueline Vargas Arellanes, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, apuntó que las firmas y empresarios pueden ser sancionados por realizar operaciones irregulares con actores políticos.
“Si ustedes realizan como empresas aportaciones se van a meter en un problema. Eso está prohibido expresamente por la ley o si realizan operaciones comerciales, pero las cuantifican, poner un precio distinto en el valor del mercado, esas son las dos recetas para el desastre inmediato”, aseguró.
Comentó que si esas acciones se detectan se harían del conocimiento de la autoridad electoral. “Pudiera haber sanciones económicas determinadas típicamente en función del valor de la operación irregular, se inicia el proceso administrador por parte del instituto”, agregó.
Subrayó que además se hace del conocimiento a la Fiscalía de Delitos Electorales para que brinde seguimiento, pues se trata de delitos equiparados.
