Ante las próximas elecciones del 6 de junio y los hechos violentos en contra de actores políticos en el país, incluyendo a personas precandidatas y candidatas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado mexicano a prevenir la violencia garantizando medidas de protección y seguridad, así como a adelantar las investigaciones pertinentes con el objetivo de asegurar los derechos políticos.

Destacó que la ocurrencia de ataques, en el marco de un proceso electoral, además de las vulneraciones a los derechos a la vida e integridad, también afecta las garantías electorales de las personas electoras y candidatas.

En un comunicado, indicó que partir de información pública y datos oficiales, ha observado la ocurrencia “de preocupantes” hechos de violencia ejercida en contra de personas precandidatas y candidatas, así como de dirigentes o militantes de distintos movimientos o afiliaciones políticas.

Entre el 4 de marzo y 21 de mayo de 2021, expuso, el Mecanismo de Protección a Candidatos registró 398 denuncias de amenazas o agresiones (226 hombres y 172 mujeres), incluyendo 13 asesinatos en contra de candidatos, particularmente respecto de aquellas aspirantes a cargos municipales y locales.

Por otro lado, a partir de información pública, la CIDH también ha tomado conocimiento que, desde el inicio del proceso preelectoral en septiembre de 2020 y hasta el 26 de mayo de 2021, al menos 88 actores políticos habrían fallecido como consecuencia de la violencia, de los cuales 34 eran precandidatos y candidatos.

Señaló que las agresiones se habrían presentado a través de amenazas telefónicas y redes sociales en los que se conmina a las personas a renunciar a sus candidaturas bajo el riesgo de afectaciones a su vida e integridad o a la de sus familiares, así como secuestros. Asimismo, se han denunciado actos de presunta intimidación, malos tratos físicos y verbales, así como actos disruptivos con el objetivo de interrumpir reuniones proselitistas en lugares públicos.

Por otra parte, añadió que el INE ha registrado 54 quejas relacionadas con casos de violencia política contra mujeres por razones de género, particularmente en el ámbito municipal. También, indicó, se observa la existencia de denuncias por presunta usurpación de candidaturas reservadas a personas indígenas y afromexicanas que habrían sido ocupadas por personas que no pertenecen a dichos grupos étnicos y raciales.

El Estado, recordó, por medio del Mecanismo de Protección a Candidatos ha otorgado medidas de protección a 65 candidatos, 40 de ellos cuentan con la protección de policías estatales, 17 de la Guardia Nacional y ocho de otras autoridades. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que existe instrucción del titular del Ejecutivo de proteger a los candidatos que se encuentran amenazados por el crimen organizado o por el crimen de cuello blanco, sin importar del partido que sean.

La CIDH reiteró su rechazo por estos hechos de violencia y exhortó al Estado mexicano a que a través de su Mecanismo de Protección de Candidatos y otros medios pertinentes, continúe garantizando las medidas de protección y seguridad para asegurar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la seguridad de las personas candidatas a elección de cargos de los distintos órdenes de gobierno y otros actores, sin distinción alguna, con miras a asegurar que los derechos a elegir y ser elegido puedan ser ejercidos libres de violencia.

Asimismo, llamó al Estado a iniciar las investigaciones, y continuar las que ya están en curso, de modo diligente sobre todos los hechos de violencia reportados.