La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el miércoles cuatro granjas porcícolas en la península de Yucatán porque carecían de permisos de impacto ambiental, causaron daños a la biodiversidad y no presentaron resultados de descargas de aguas residuales. Además, incurrieron en “inadecuada gestión y manejo de residuos peligrosos”. Esta acción fue resultado de denuncias de 21 comunidades mayas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, añadió el organismo. Informó que emprenderá estrategias para atender el daño ambiental que genera esta industria en la región y se identificarán proyectos en proceso en zonas de selva baja, que deben evaluarse antes de emitir un resolutivo favorable. De acuerdo con Greenpeace y el Equipo Indignación, en noviembre de 2020 las comunidades mayas presentaron una denuncia popular regional ante las afectaciones ambientales, así como por las violaciones a sus derechos como pueblos indígenas. Aseguraron que los integrantes del pueblo maya y las organizaciones “vemos que estas clausuras realizadas por la Profepa son importantes, ya que constituyen el primer paso para frenar las afectaciones ambientales ocasionadas por la industria porcícola”.