Chilpancingo, Gro., La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y el Consejo Indígena y Popular de Gobierno Emiliano Zapata (Cipog-EZ) advirtieron ayer que no permitirán que se realicen los comicios del 6 de junio en 24 comunidades de los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera en la Montaña Baja de Guerrero.
En un comunicado especificaron que “a falta de cumplimiento, palabras falsas y vacías, tomaremos las carreteras que van de Chilapa de Álvarez a José Joaquín de Herrera y la de Chilapa de Álvarez a Tlapa de Comonfort el viernes 28 de mayo a partir de las nueve de la mañana; carreteras en las que nos cazan nuestros asesinos y sus cómplices”.
Esta acción, agregaron, “es una más de muchas que hemos realizado y seguiremos haciendo hasta que el actual gobernador (el priísta Héctor Astudillo Flores) se presente a las comunidades y no sólo simule que nos escucha, sino que se comprometa a trabajar en mesas conjuntas, con un representante de cada una de las comunidades que integramos el Cipog-EZ, las CRAC-PF y las autoridades del estado”.
Dirigieron su mensaje también al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de Rosario Piedra Ibarra.
“El Estado Mexicano, en sus tres niveles de gobierno, ha sido omiso en atender las necesidades de subsistencia para las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero. Unos van y otros vienen, y nuestras comunidades siguen en la misma situación de exterminio por parte de grupos narcoparamilitares e instituciones gubernamentales”, expusieron.
Destacaron que desde hace décadas “hemos desarrollado una lucha de subsistencia al acudir con cada una de las instancias gubernamentales en turno de cada trienio o sexenio, como es el caso de los gobernadores de Guerrero, de quienes no recibimos nada, ni una sola respuesta a nuestras denuncias”.
Refieron el acoso de los grupos paramilitares financiados por los grupos delictivos, como Los Ardillos, que han arreciado sus ataques en contra de las comunidades. Sin embargo, ante sus quejas “no existe atención a las viudas y huérfanos que está dejando esta guerra de exterminio, la cual se agudiza en tiempos electorales”.
Denunciaron que la inseguridad y la violencia “arrecian más cuando los candidatos de todos los partidos políticos están coludidos con la delincuencia organizada y la muerte crece en nuestros territorios.
“Los ataques se han vuelto generalizados en contra de la población y esto nos deja claro que las palabras de los malos gobiernos son falsas y que sus omisiones los vuelven cómplices”, señalaron.
Exigieron al gobernador Astudillo Flores cumplir con sus demandas de seguridad en esa región antes del 6 de junio, y al Presidente de la República, que asista a escucharlos.
En tanto, comerciantes de Cutzamala de Pinzón acusaron que el crimen organizado los amenaza para obligarlos a votar por la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, Marilú Martínez Núñez, hija de Fausto Martínez Aguirre, presunto delincuente de Tierra Caliente.
