Ciudad de México. Ante la visita a México de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el próximo 8 de junio, organizaciones defensoras de derechos humanos de los migrantes se pronunciaron porque este hecho marque un cambio en las políticas migratorias.
Maureen Meyer, vicepresidenta para Programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), manifestó que se tienen expectativas de que el gobierno estadunidense de Joe Biden “logre por lo menos enmarcar una nueva forma de acercamiento de cooperación tanto con Centroamérica como con México”.
En tanto, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes y la Red Jesuita con Migrantes en Guatemala coincidieron que tiene que haber un reconocimiento de las causas del desplazamiento forzado, las cuales no sólo se relacionan con la economía sino con garantizar una vida digna.
En el conversatorio virtual "Las otras fronteras: el impacto de las políticas de control migratorio de México y Guatemala", organizado por Wola, fray Gabriel Romero Alamilla, director de La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes, Tabasco, expuso que en este diálogo entre el gobierno mexicano y el estadunidense, éste “tiene que enfocarse en la atención de los migrantes en el momento que ingresan a su territorio y respetar la política internacional de cada nación.
También, dijo, “no se puede condicionar la ayuda humanitaria, a través de programas económicos internacionales de firmas y de tratados, como si fueran nuestros migrantes una moneda de cambio”, el en sentido de que si hay menos personas en esta condición hay más ayuda.
José Luis González, coordinador de la Red Jesuita con Migrantes en Guatemala, mencionó que en necesario enfocarse en las poblaciones más vulnerables y cumplir con salvar la vida de las personas.
Brenda Ochoa, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Chiapas, alertó que la pandemia por Covid-19 ha sido utilizada para cerrar cada vez más las fronteras, y el muro militar del sur ha conducido a que las personas asuman mayores riesgos, exponerse al crimen organizado, extorsiones, violaciones, entre otros delitos.