Una mujer que fue obligada a practicarse la ligadura de trompas en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), obtuvo un amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), para que se sancione a los médicos responsables y sea indemnizada por los daños que sufrió.
En 2017 fue atendida en el Hospital General de Zona Número 9 del IMSS en Ciudad Guzmán, Jalisco. Tras cuatro días de trabajo de parto le advirtieron que no entraría al quirófano hasta que aceptara también ser sometida a una oclusión tubaria bilateral (OTB), método anticonceptivo permanente.
La paciente, señaló en su denuncia que fue presionada para que ella y su esposo accedieran al procedimiento. “La doctora me reclamó con un tono brusco por supuestamente ser una irresponsable, dijo que cómo era posible que a esas alturas no hubiese hablado con él: ‘¿cuántos días más quieres durar aquí?’. Yo me quedé callada y la galena manifestó: ‘ahorita yo voy a salir a hablar con tu esposo, sólo espero que no sea un macho de esos que no entienden, y es más, si no, así te vas a quedar, a ver hasta qué horas te alivias’”.
Se trata de violencia obstétrica, advierte GIRE
Sobre esta situación, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) celebró la determinación de la primera sala de la SCJN, que estableció que la esterilización no consentida constituye violencia obstétrica, al analizar el caso de Sonia. Además destacó que este fallo confirma que es posible juzgar con perspectiva de género.
“Con el acompañamiento de GIRE, Sonia presentó una queja ante la CNDH y una demanda de amparo. En ambas instancias se reclamó la esterilización no consentida a la que fue sometida y que vulneró sus derechos a la integridad personal, a la salud, a la libertad y autonomía reproductiva, a su proyecto de vida, a la información y a una vida libre de violencia.”
Los ministros determinaron que “Sonia fue víctima de una esterilización no consentida como una forma de tortura, y fue víctima también de violencia de género, violencia obstétrica y de tratos crueles, inhumanos y degradantes en extremo”.
Por la noche, el IMSS emitió un comunicado en el que informó que acatará la resolución del máximo tribunal del país, y cooperará en el ámbito de sus atribuciones, tras destacar que el caso corresponde a un hecho de 2017 en uno de sus nocosomios en Jalisco.
