Autoridades mexicanas confirmaron la captura de Florian Tudor, señalado como líder de una organización delictiva, identificada como Mafia Rumana.

La captura, señalaron fuentes federales, se realizó en la Ciudad de México, y durante el cumplimiento del mandamiento judicial el ciudadano de origen rumano se resistió a la acción de los elementos de la Policía Federal Ministerial.

Tudor en diversas ocasiones rechazó que participe o cometa actos ilícitos, ya que se ha mencionado que además de fraudes con tarjetas bacarias a nivel internacional y trata de personas, se le señaló como dirigente de un grupo dedicado al lavado de activos.

En ese contexto, logró que el gobierno federal le diera una audiencia en la que señaló ser una persona inocente, sin embargo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que le congelaría sus cuentas bancarias y lo investigaba por delincuencia organizada.

A través de su cuenta de Twitter la Fiscalía General de la República confirmó la aprehensión de Florian Tudor con base en una orden de detención provisional con fines de extradición.

Funcionario federales señalaron que esta captura está relacionada con una petición del gobierno rumano toda vez que allá se le acusa de la comisión de diversos delitos.

En marzo pasado, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana se reunió con el empresario en cumplimiento con el compromiso presidencial de que sería atendido por las autoridades federales, luego de los señalamientos como presunto integrante de una organización delictiva.

También en abril pasado, un juzgado con sede en Cancún le concedió una suspensión de plano que evita su extradición.

El recurso impide al gobierno de México entregar a Rumania a Florian Tudor, ya que el juez le concedió el recurso para efecto de que las autoridades responsables se abstengan deportarlo.

Asimismo, el impartidor de justicia le otorgó la suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión, sin embargo, Florian Tudor, quien deberá pagar una garantía de 20 mil pesos, podrá ser privado de la libertad en caso de que se le imputen delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.