A reserva de que se precisen los términos individualizados de la sanción correspondiente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió ayer, por unanimidad de los integrantes de su sala superior, una resolución que abona el camino a eventuales litigios en busca de anular elecciones cuando menos en algunas entidades federativas.

Con base en el proyecto que elaboró Felipe de la Mata Pizaña, los demás magistrados de la sala superior del citado tribunal sentenciaron que el informe trimestral de labores presentado por el Presidente de la República en marzo de este año constituyó un acto ilícito de propaganda gubernamental personalizada, que significó una ventaja para candidatos de Morena en seis estados donde ya se habían iniciado las campañas.

Tales estados son (entre paréntesis, los nombres de los candidatos de Morena en esos lugares) Campeche (Layda Sansores), Colima (Indira Vizcaíno), Guerrero (Evelyn Salgado), Nuevo León (Clara Luz Flores), San Luis Potosí (Mónica Rangel) y Sonora (Alfonso Durazo). En esas seis demarcaciones, 38 emisoras reprodujeron el mensaje dado desde Palacio Nacional que, a juicio de los magistrados, representó un acto de propaganda gubernamental que violó las restricciones constitucionales en esos procesos.

La decisión de la sala superior fue a contrapelo de lo que en otro momento había dictaminado la sala regional especializada del mismo TEPJF, la cual consideró que el informe andresino por los 100 primeros días de gobierno del año en curso no había constituido ninguna infracción legal. Ahora, la sala superior ha ordenado a la regional especializada (presidida por Rubén Jesús Lara Patrón, electo para el periodo 2020-29) que, conforme a la resolución que sí considera infractor el mencionado acto trimestral de Palacio Nacional, individualice las sanciones correspondientes y vea que haya las consecuencias jurídicas del caso.

Dicha sala regional especializada podría estimar, por ejemplo, que la responsabilidad de este ilícito recayera sólo en empleados del Poder Ejecutivo Federal que hubieran difundido impropiamente el mencionado mensaje a los seis estados con campaña en curso. Por ejemplo, en Erwin Sigfrid Frederick Neumaier de Hoyos, director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales.

Por lo pronto, la decisión de la sala superior del tribunal electoral da parque a los opositores al habitante de Palacio Nacional, que insisten en frenar conferencias mañaneras, giras, actos públicos y declaraciones, en tanto el político tabasqueño defiende su actividad física, informativa y retórica por encima de las limitaciones que le impone el poder electoral, tanto el Instituto Nacional Electoral como el citado tribunal. Un elemento que debe anotarse es que la multicitada resolución del TEPJF puede invocarse más adelante como fundamento contra Morena para demandar la anulación de ciertas elecciones estatales.

Otro tema: la violencia política se ha incrementado en estos días previos a las elecciones. Ayer, el Presidente lamentó el asesinato de Alma Barragán, quien fue candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia de Moroleón, Guanajuato, y señaló que la ejecución habría sido realizada por “gente que quiere generar inestabilidad, sin duda es delincuencia organizada”.

Más allá del terreno estadístico, y del señalamiento de que este sea o no el proceso electoral nacional más violento de la historia institucional, resulta muy preocupante el papel expansivo de esa delincuencia organizada, que está decidida a vetar, incluso por la vía extrema, a determinados candidatos e impulsar, con la fuerza del dinero y de las armas, a otros aspirantes a cargos de elección popular.

Las amenazas, secuestros, agresiones y asesinatos de ciertos candidatos, y el apoyo complicitario a otros, forja desde ahora entendimientos y compromisos para quienes lleguen a determinados cargos, con la consecuente elevación del poder político de cárteles y capos. ¡Hasta mañana!

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