Ante el riesgo de “un quebranto económico irreparable”, miembros de la Cooperativa Cruz Azul pidieron la intervención del presidente López Obrador para que concluya la crisis interna de la firma cementera, sustento de 10 mil familias.
Alberto López Morales, presidente del Consejo de Vigilancia, llamó al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, a destrabar la situación legal que impide el funcionamiento de la empresa.
López Morales relató en entrevista que Federico Sarabia Pozo aún no ha asumido como presidente del Consejo de Administración, debido a litigios interpuestos por disidentes encabezados por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez.
Al menos 500 cooperativistas, de un total de 714 socios, apoyaron en 2020 a Sarabia Pozo para ocupar el cargo. “Estamos pidiendo la intervención del Ejecutivo, del presidente Andrés Manuel López Obrador, para rescatar a nuestra cooperativa de los intereses ajenos”, dijo.
Comentó que los disidentes se acercaron al mandatario durante la campaña presidencial en 2018 para obtener su ayuda, pero lo engañaron, pues el grupo es apoyado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Al menos 200 socios que apoyan a Sarabia Pozo son objeto de “terrorismo laboral” por los disidentes, pues desde hace 10 meses no reciben sueldos, dado que Marín y Velázquez tienen el control financiero de la cooperativa.
