AMLO decidió ya que el próximo gobernador del Banco de México no será A. Díaz de León, quien actualmente ocupa este cargo. Esta decisión es parte de las facultades constitucionales del Presidente. Tendrá que proponerle al Senado en diciembre próximo a su candidato para sustituirlo. AMLO ha declarado que será alguien identificado con la economía moral, pero también buen economista. El asunto ha generado una discusión, centrándose en los supuestos riesgos de una decisión “que no validen los mercados” y que pudiera “vulnerar” la autonomía del BdeM. Sin embargo, los asuntos de fondo –el mandato del banco central y su autonomía– siguen ausentes de la discusión.
La junta de gobierno (JG) está formada por un gobernador y cuatro subgobernadores, de los que en esta administración se han elegido a tres, el secretario de Hacienda y un subsecretario. De modo que ya hay mayoría de nuevos miembros, la que se reforzará con el nombramiento del siguiente gobernador. Sin embargo, la política monetaria sigue siendo la misma y lo seguirá siendo. No importa que a partir de 2022 haya ya solamente un miembro de esta JG nombrado en el sexenio anterior. Habrá, por supuesto, algunos matices diferentes, pero lo que pueda hacer su gobernador e incluso la JG en pleno está limitado por el mandato establecido en su Ley Orgánica.
La misión del Banco de México, como puede leerse en su sitio electrónico, establece el “objetivo prioritario de preservar el valor de la moneda nacional a lo largo del tiempo y, de esta forma, contribuir a mejorar el bienestar económico de los mexicanos”. Con la visión de “ser una institución de excelencia merecedora de la confianza de la sociedad por lograr el cabal cumplimiento de su misión, por su actuación transparente, así como por su capacidad técnica y compromiso ético”. Consecuentemente, todas sus decisiones tienen que ajustarse a su prioridad legal: preservar el valor del peso, es decir, tomar las decisiones que sean necesarias para lograr la estabilidad de precios.
Este es el mandato único que un amplio grupo de bancos centrales tienen. Sin embargo, el de nuestro principal socio comercial, el Sistema de la Reserva Federal, tiene un mandato dual: “promover el máximo empleo en un contexto de estabilidad de precios”. No es el único banco central con esta doble función: también la tiene el australiano, el de Nueva Zelanda, el suizo y el banco central colombiano. El establecimiento del mandato único o del dual siempre se sostiene en la búsqueda del bienestar social. De modo que el asunto remite a la manera en la que este bienestar puede conseguirse y, por supuesto, la consideración de qué indicadores dan cuenta de la existencia de bienestar.
Para la economía neoliberal, al conseguir estabilidad de precios el banco central aporta para mejorar el bienestar económico de la sociedad. Por esto, como parte de las reformas neoliberales de los años 90, promovieron en todo el mundo el replanteo de los objetivos de los bancos centrales e impulsaron que se convirtieran en entidades autónomas de los gobiernos en turno. Esta autonomía se impuso, pero con dos visiones encontradas: autonomía significa que el banco central establece libremente sus propias metas, como el BdeM, lo que incluso para el FMI “es difícil de justificar en una sociedad democrática”; o bien, autonomía significa que el banco central determina sin interferencia gubernamental los instrumentos apropiados para alcanzar las metas que le establecen los poderes electos.
De modo que, aún en el marco de lo que está presente en la teoría y la práctica de los bancos centrales, es posible que los poderes electos, el Ejecutivo proponiéndole al Legislativo, modifiquen el mandato y redefinan los alcances de la autonomía.
El asunto central es valorar en qué medida el Banco de México, siendo autónomo y teniendo un mandato único desde 1993, ha contribuido al bienestar general de la población. Es claro que reducir la inflación o incluso conseguir durante un tiempo estabilidad de precios, no necesariamente aporta al bienestar social. Estudios del FMI señalan que, en ocasiones, al lograr la estabilidad de precios los bancos centrales pudieran simultáneamente estabilizar también indicadores relevantes del bienestar en lo que denominan una “coincidencia divina”, expresión muy elocuente. Estabilizar no es, por supuesto, mejorar, así que, aunque haya esta divina coincidencia, en realidad reducir la inflación no genera bienestar.
La sustitución del gobernador del Banco de México, que corresponde indudablemente al Ejecutivo y que no requiere justificación alguna, no modificará la política monetaria que decida este organismo del Estado mexicano. Esta política se modificará solamente si el Ejecutivo propone un mandato dual y acotar la autonomía y el Legislativo lo aprueba. Es posible hacerlo. La pregunta es: ¿el Ejecutivo planteará esto al Legislativo?
