La Fiscalía General de Justicia (FGJ) obtuvo una orden de aprehensión en contra de Alejandra Barrios, líder de ambulantes, por su presunta participación en extorsión agravada y robo agravado en pandilla, mientras la Autoridad del Centro Histórico denunció a su hija, Silvia Sánchez Barrios, por colocación irregular de propaganda política.
La presidenta de la Asociación Legítima Cívica y Comercial solicitó un amparo en el juzgado cuarto de distrito en materia penal contra dicha orden, y presentó una denuncia ante la FGJ por “las irregularidades cometidas” para su detención.
Fuentes de la dependencia aclararon que “la acusación está debidamente fundada y motivada”, y su hija Diana Sánchez Barrios está en el mismo caso, por lo que fue vinculada a proceso y está en prisión preventiva como medida cautelar.
Su defensa puede presentar todas las pruebas que considere, pero la fiscalía también hará valer las suyas; además, se tienen denuncias relacionadas con propiedades que han sido invadidas y la petición de recursos a sus propios agremiados.
“Ella tiene que responder a la conducta ilegal en que ha incurrido, este tipo de asuntos tiene un fundamento jurídico, no hay ninguna persecución sobre la base de cualquier otro tipo de criterio, como político ni se ha incurrido en fabricación de delitos.”
El abogado defensor, Gerardo Mercado, señaló que existen irregularidades en la integración de la carpeta, por lo que se solicitó a la fiscal Ernestina Godoy “no permitir se utilice el sistema penal para beneficiar intereses ajenos a la impartición de justicia”.
Por otra parte, la Autoridad del Centro Histórico denunció a la candidata de la alianza Va por México, Silvia Sánchez Barrios, por colocar propaganda electoral en el primer cuadro sin contar con autorización de la Secretaría de Gobierno.
La hermana de Diana puso lonas y mantas en luminarias, postes del C5 y cabinas telefónicas en calles como 16 de Septiembre, Palma, Donceles, Eje Central, República de Cuba, República de Brasil, así como el inmueble histórico ubicado en Luis González Obregón 25, catalogado como patrimonio cultural urbano por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, afirmó.
“La candidata ha permitido por acción o por omisión la colocación de propaganda electoral que promueve su candidatura, en total contravención con la normatividad electoral sin autorización de la Secretaría de Gobierno”, se lee en el expediente IECM-QNA-/468/2021 al que se dio procedencia.