La desaparición forzada “ha sido una violación recurrente que ha generado profundos impactos individuales, familiares y sociales en el país”, aseveró Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México. Refirió que, de acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, actualmente hay más de 88 mil personas en esta situación.
Al cumplirse 14 años de la de-saparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya en Oaxaca, destacó que el papel del Poder Judicial es esencial para hacer frente a las injusticias y la protección que éste puede brindar constituye para las familias de las personas en esta condición “quizá la última esperanza en el ámbito interno ante los abusos y las negligencias de otras autoridades”.
Sobre el caso de Gabriel y Edmundo, resaltó que sigue siendo “paradigmático”, entre otras razones por la tenacidad de los familiares que los han buscado sin cesar “y han intentado por todas las vías posibles que haya una debida investigación y sanción para los responsables”.
Peña recordó que está pendiente de cumplirse la recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “que reconoce expresamente que se trató de una desaparición forzada” y que existen elementos que permitirían investigar a funcionarios públicos como presuntos responsables de los hechos.
Nadin Reyes, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, dijo que a 14 años de la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo, en mayo de 2007, “no hemos recibido por parte del Estado voluntad política para resolverlo, sino todo lo contrario”.
En conferencia, también reprochó que hasta el momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación no emita una sentencia respecto del caso, el cual se encuentra en espera desde junio de 2020, “cuando decidió atraerlo, y sobre todo sin que se conozca el dictamen de sentencia propuesto por Margarita Ríos Farjat”.
