¿Las elecciones 2021 estarán marcadas por la irrupción de las mujeres? ¿La participación política de las mujeres será plena en este proceso electoral? Lo dudamos. La desigualdad de género perdura en nuestra cultura patriarcal. Por tanto, no es de extrañar que persistan formas de discriminación en la política y adversas consecuencias en la participación femenina en las elecciones. Pese a cambios en los marcos legales, las mujeres que aspiran algún cargo de elección popular enfrentan grandes obstáculos, empezando por el interior de los propios partidos políticos. En la mayoría de esos institutos prevalece una cultura misógina que impide el pleno uso de los derechos políticos de las mujeres. Las estructuras y los modelos de poder tradicionalmente dominados por hombres se han cosificado, pese a los discursos. Ellas enfrentan barreras y exclusiones para su participación efectiva. Enfrentan la impostura hipócrita de un discurso de empoderamiento.
Pese a los encendidos artículos de la consejera del INE Karla Humphrey sobre el nuevo entramado de las mujeres en la política, en las estructuras electorales siguen predominando las inercias. Cuando lo correcto es que deberían prevalecer los esfuerzos para promover la igualdad de género y la plena participación de las mujeres en las diferentes etapas del proceso electoral. Y no basta con la incorporación cuantitativa de mujeres en los consejos electorales. Hay muchas consejeras electorales en los Oples que reproducen patrones misóginos. Tal es el caso del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), compuesto por cinco mujeres y un hombre, quienes han hecho importantes concesiones en el registro de candidaturas, perjudicando a las mujeres ante la presión de los partidos políticos de la entidad. Incluso me sorprendió que el único hombre en el consejo electoral mexiquense, Francisco Bello, defendiera en una sesión de consejo con enfoque de género frente a la postura contraria, sutilmente encubierta, encabezada por la presidenta del IEEM, Daniela Durán Ceja. Muchas de estas consejeras priorizan su carrera política a los principios de género que pregonan públicamente, porque es lo políticamente correcto, aunque en la práctica cedan a las tentaciones y presiones del poder.
Pero la mayor amenaza a los derechos humanos y políticos de las mujeres en este proceso provienen de las posturas políticas religiosas de las iglesias y del Partido Encuentro Solidario (PES). La campaña del PES en esta contienda electoral atenta contra los derechos de las mujeres. Busca atraer sectores evangélicos y católicos conservadores que le aseguren su permanencia política. Vía espots, Internet y discursos placeros, despliega una actitud antiderechos; postura agresiva contra la adopción homoparental, contra los matrimonios igualitarios y contra el aborto. Sobre todo, ha llegado a criminalizar a las mujeres que optan por el aborto. No está de más recordar que el PES es un partido abiertamente evangélico de corte pentecostal. Ha convertido la llamada ideología de género en una cruzada de su agenda política y cuyo lema de campaña es muy revelador: “Por la vida y por la familia”. En términos de laicidad y de derechos humanos, el PES atenta contra el principio de no discriminación y el reconocimiento de la pluralidad como sustento básico de la democracia.
Por su parte la Iglesia católica ha defendido su derecho a intervenir y opinar en el proceso electoral. La “Iglesia tiene la libertad y el derecho de propagar su doctrina, siempre y cuando no se asocie con una opción política o realice proselitismo en favor o en contra de alguna opción en especial”, señaló la arquidiócesis de México. Mientras, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un mensaje con motivo del proceso electoral. En él los obispos invitaron a discernir a sus fieles con libertad bajo la siguiente premisa: “Una conciencia rectamente formada es capaz de iluminar las decisiones concretas para promover la dignidad de la persona humana, la defensa de la vida (de todas las vidas) desde la concepción y hasta la muerte natural, el matrimonio y la familia como núcleos fundamentales del bienestar social, la atención a las múltiples regiones que se ven amenazadas por el yugo del crimen organizado, la plena vigencia del derecho humano a la libertad religiosa, la auténtica democracia, la opción preferencial por los más pobres y el compromiso activo por el cuidado del medio ambiente”.
Es evidente que grupos conservadores evangélicos (fundamentalistas) y sectores intransigentes católicos (integristas) tienen una agenda en común contra los derechos conquistados por las mujeres. Ambos coinciden contra la llamada ideología de género. Absolutizan un modelo de familia patriarcal que subordina el rol de la mujer. Modelo de familia que está en plena mutación desde hace lustros. Atentan contra los derechos de la mujer sobre su cuerpo y la criminalizan por acceder a la interrupción del embarazo, al tiempo que satanizan la diversidad sexual.
La cultura política religiosa predominante es masculinizante. Es un obstáculo importante de violencia contra la mujer en esta coyuntura electoral. Comprende varios tipos de violencia, incluyendo el condicionamiento creyente; el acoso moral, la culpabilización religiosa y la agresión sicológica de lo sagrado. En la esfera secular, los derechos de las mujeres son derechos humanos conquistados. El principal escollo que enfrentan es el predominio político masculino. Las trabas que afrontan al ingresar a la arena política incluyen, entre otras, la violencia generalizada, marcos legales ambiguos al género o manipulables, falta de educación formal y política, invisibilidad mediática y falta de recursos. A pesar de los inmensos obstáculos, en este 2021 nos encontramos en el umbral de un cambio social significativo. El reto es construir sociedades más igualitarias, inclusivas y participativas. A pesar de las resistencias, avanza la agenda política de la mujer.
