En contraste con el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando la Presidencia ejerció un gasto de 3 mil 674 millones de pesos, el monto se redujo en los dos primeros años de Andrés Manuel López Obrador. En 2019, se ejercieron 721 millones y 523 millones en 2020, informó el gobierno federal a la Cámara de Diputados.
En el reporte anual de austeridad republicana, la Presidencia precisó también que en 2020 se dejó de ejercer 75 por ciento del presupuesto disponible en la partida de materiales y suministros, así como de servicios generales, a partir del decreto que prevé las medidas para reducir el gasto en la administración pública.
Asimismo, se recortó el monto de viáticos, que pasó de 40.59 millones en 2018, a 14.58 millones en 2019 y bajó hasta 4.03 millones en 2020.
La información precisa que, en cumplimiento a la política de austeridad, entre las principales medidas no se crearon nuevas plazas, se suprimieron los gastos de difusión de propaganda o publicidad oficial, arrendamiento de vehículos y de los seguros para funcionarios públicos.
No se ejerció ningún monto de la partida 37602 por concepto de viáticos en el extranjero, y se realizó “un gasto racional” de servicios básicos como consumo de energía eléctrica y de agua potable.
La Oficina de la Presidencia explicó que si bien se creó el programa P005 “Apoyo a las actividades de ayudantía y logística”, los recursos destinados “se realizaron con apego a la Ley Federal de Austeridad Republicana”.
También detalló que el impacto de acatar la política de austeridad permitió que, a diferencia del primer año de gobierno del Presidente, cuando la Oficina de la Presidencia ejerció 721 millones de pesos, en el segundo se ejercieron 523 millones, esto es una disminución de 27.47 por ciento.
“No obstante, en vez de deteriorar el nivel de atención a las funciones encomendadas, se obtuvieron mejoras. Es decir, se hizo más con menos”, indicó.
Al cierre del ejercicio, Presidencia reintegró 108.1 millones al ramo 23 Provisiones salariales y económicas, por el ahorro que significó no contar con el ciento por ciento de la plantilla de personal autorizada.
