La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) degradó a la categoría 2 la calificación de la seguridad aérea de México por no cumplir con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Además de aumentar el escrutinio que dicha agencia mantiene sobre los vuelos de las aerolíneas mexicanas a territorio estadunidense, la degradación implica que las compañías aéreas de nuestro país no podrán crear nuevas rutas, incrementar la frecuencia de sus vuelos ni ofrecer nuevos servicios, mientras las aerolíneas estadunidenses ya no podrán comercializar y vender boletos con sus nombres y códigos de designación en vuelos operados por México.
Es necesario puntualizar que la mala nota asignada por la FAA no se relaciona con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con el rediseño del espacio aéreo de la zona metropolitana de la capital del país ni con riesgos en la seguridad operacional de las aerolíneas mexicanas. El centro del asunto es que, a juicio de la FAA, las regulaciones mexicanas “carecen de los requisitos necesarios para supervisar a las compañías aéreas del país de acuerdo con las normas internacionales mínimas de seguridad” o que la instancia encargada de esa supervisión, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), “carece de una o más áreas como experiencia técnica, personal capacitado, mantenimiento, procedimientos de inspección o resolución de problemas de seguridad”.
Ante la noticia, Aeroméxico informó que sus operaciones desde y hacia Estados Unidos no se verán afectadas; Volaris, por su parte, afirmó que el ajuste a la baja en la Evaluación de la Seguridad de la Aviación Internacional (IASA, por sus siglas en inglés) afectará únicamente en 0.4 por ciento el índice de ocupación de sus vuelos. Sin embargo, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) se mostró menos optimista al advertir que “tendrá consecuencias graves y representa un impacto severo a la recuperación de las aerolíneas mexicanas y el comercio entre ambos países”.
Lo cierto es que la degradación se da en un contexto mundial en que el conjunto de la industria aeronáutica apenas comienza a levantar cabeza tras la catástrofe que la pandemia de Covid-19 ha supuesto para el sector. En México, el desplome en el transporte aéreo debido al confinamiento y las restricciones de viaje precipitó la quiebra de Interjet, compañía que hasta hace dos años ostentaba el tercer sitio entre las aerolíneas nacionales con un quinto de la cuota de mercado, y cuya desaparición conllevó una dolorosa pérdida de empleos, así como de oferta para los usuarios.
Todas las fallas encontradas por la inspección actual fueron detectadas también hace una década, cuando México fue puesto en la categoría 2 durante 162 días en el sexenio de Felipe Calderón, un hecho indicativo de que la AFAC arrastra problemas de larga data y requiere un profundo rediseño. En este sentido, resulta saludable que el gobierno federal haya adecuado la Ley de Aviación Civil para garantizar que la AFAC aplique de manera efectiva las disposiciones del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, pero está claro que debe avanzarse en una revisión integral de ese organismo, que lo ponga al día con las mejores prácticas de seguridad.
En el proceso, autoridades, aerolíneas, administradoras de aeropuertos y otros participantes en la industria deberán establecer la más estrecha colaboración para robustecer el marco regulatorio, con vistas no sólo a recuperar la categoría 1 en el menor plazo posible, sino a corregir definitivamente cualquier deficiencia en los esquemas nacionales de seguridad aérea.
