Ciudad de México. Ante el riesgo de “un quebranto económico irreparable”, miembros de la Cooperativa Cruz Azul piden la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que concluya la crisis interna de la firma cementera que es el sustento de 10 mil familias.

Alberto López Morales, presidente del Consejo de Vigilancia de la asamblea vigente, llamó al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, a destrabar la situación legal que impide el funcionamiento de la empresa.

López Morales relató en entrevista a La Jornada que Federico Sarabia Pozo aún no ha podido asumir como presidente del Consejo de Administración, debido a litigios interpuestos por el grupo disidente encabezado por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez.

Al menos 500 cooperativistas, de un total de 714 socios, apoyaron en 2020 a Sarabia Pozo para ocupar el cargo.

“Estamos pidiendo de favor la intervención del Ejecutivo, del presidente Andrés Manuel López Obrador, para rescatar a nuestra cooperativa de los intereses ajenos”, dijo.

“Le estamos pidiendo que por favor intervenga y podamos continuar con la vida que la cooperativa siempre había tenido y a la vez mejorarla”, agregó.

Comentó que los cooperativistas disidentes se acercaron al mandatario durante la campaña presidencial en 2018 para obtener su ayuda, pero lo engañaron. Apuntó que ese grupo fue apoyado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, organización vinculada a Claudio X. González Guajardo.

“Terrorismo laboral”

López Morales resaltó que el grupo encabezado por Sarabia Pozo es objeto de acoso laboral por parte del grupo disidente, pues al menos 200 socios tienen 10 meses sin resolver su sueldo por decisión de Marín y Velázquez, quienes tienen en su poder los recursos financieros de la cooperativa.

Indicó que desaparecieron la empresa Grupo Azul, la cual daba empleo a más de 5 mil trabajadores, los cuales fueron obligados a adherirse a otra firma, pero dejaron fuera a 500 que tenían vínculos directos con el grupo de Sarabia Pozo.

“Son 500 que no tienen trabajo y no perciben ningún salario los dejan abandonados a su suerte”, indicó.

Comentó que esa situación afectó a trabajadores con más de 15 años de antigüedad, otros que estaban a punto de pensionarse y hasta viudas que no pueden recibir el dinero que les corresponde.

“Al final como familias le estamos sufriendo un deterioro enorme en lo que es lo que siempre ha sido una empresa netamente familiar”, anotó.

“Como ellos tienen el control del dinero han dejado de pagar a proveedores”, señaló. Detalló que a una contratista se le adeudan 40 millones de dólares.

El grupo de Sarabia Pozo pide al Poder Judicial capitalino que tome resoluciones apegadas a derecho, “porque la estabilidad de la cooperativa está siendo vulnerada. Nosotros tenemos y no por sentimientos, sino que evidencias de que la cooperativa si sigue actuando como hasta hoy le van a llevar a la quiebra”.

“Estamos en juicios, estamos actuando de manera legal. Ellos están asumiendo una administración fraudulenta, amparados en las decisiones del juez octavo y el juez 60 de los civil en la Ciudad de México”.

Solicitó al presidente del TSJCDMX que “nos escuche para que también tenga la versión de lo que realmente está sucediendo en la operativa”.

Subrayó que la cooperativa “está fuerte” porque posee cuatro plantas de producción, una Oaxaca, una en Hidalgo, en Puebla y una en Aguascalientes, así como filiales.