La pandemia de Covid-19 agudizó la falta de acceso de gran parte de la población a su derecho a la salud, la educación y la seguridad social, por lo que una posible alternativa para resolver esta situación sería promover una reforma fiscal progresiva mediante la cual se le cobren más impuestos a los sectores que tienen más recursos.
Así lo indicaron especialistas de diversas organizaciones académicas, como Oxfam México y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, quienes presentaron este martes el informe “La vacuna contra la desigualdad”, en el cual advirtieron que si no se realizan los cambios necesarios en este terreno, será “casi imposible” erradicar la pobreza en México.
En conferencia de prensa virtual, Diego Vázquez, director de investigación de Oxfam México, señaló que entre los hallazgos principales del estudio figura que en 2020, debido a la pandemia de Covid-19, 2.1 millones de personas “salieron del mercado laboral”, de las cuales 1.2 de ellas son mujeres.
Aunque ya ha comenzado a darse una recuperación de los niveles de empleo, este proceso ha sido más lento en el caso de la población femenina, debido a que son ellas las que han asumido la mayor carga de cuidados de sus familiares.
De 4.1 millones de personas ya listas para reincorporarse al mercado laboral, el 85 por ciento son mujeres que se ven impedidas de ellos por las mencionadas labores de cuidado, lo que demuestra la carga asimétrica de género que hay en esas tareas.
Otro descubrimiento del análisis es que entre 8 y 11 millones de personas podrían entrar en situación de pobreza, según las metodologías nacionales e internacionales para medir esa variable, lo cual afectaría las “reducciones modestas” que hubo en los niveles de pobreza en los últimos 10 o 15 años.
Además de las mujeres, hay otros grupos vulnerables que han resentido de manera particular los efectos económicos de la pandemia, como las personas mayores de 65 años, los indígenas y los jóvenes que se han visto imposibilitados de continuar sus estudios.
En este escenario, durante 2020 el presupuesto en salud se redujo en casi 5 mil millones de pesos, aun cuando la atención a la pandemia requería aumentar los fondos del sector en 0.94 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En contraposición, el presupuesto adicional fue de sólo 0.09 por ciento del PIB.
Además de lo anterior, se gastaron un total de 35 mil 153 millones de pesos para la compra de la vacuna anti-Covid provenientes del Fondo de Salud para el Bienestar (FSB), que sirve para atender padecimientos de alta especialidad para población que no cuenta con afiliación a instituciones públicas, lo cual dejó a esa bolsa con sólo el 25 por ciento del dinero con el que contaba.
Por lo que se refiere al sector educativo, el 78.6 por ciento de los hogares reportaron dificultades para que los menores de edad continúen con su educación, y las causas principales de ello fueron la falta de computadoras e internet en 48.5 por ciento de los hogares, falta de apoyo de docentes en 31.4 por ciento de las familias, y la distracción de estudiantes en 21.1 por ciento de los casos.
Sumado a lo anterior, el estudio documentó que existen 62 mil 629 escuelas públicas básicas que no cuentan con lavamanos, los cuales son indispensables para un regreso seguro a clases. Para proveer de acceso al agua y un lavamanos a cada una de estas escuelas, según cálculos de los autores del estudio, se requiere de, al menos, 10 mil millones de pesos.
En este marco, se recordó que México sólo recauda el 16 por ciento de su PIB en impuestos –uno de los niveles más bajos de América Latina--, por lo que es necesario impulsar cambios en materia fiscal, con impuestos progresivos para acabar con los privilegios en esta materia y redistribuir la “excesiva acumulación de riqueza de la élite”.
Entre las opciones para alcanzar dicho objetivo figuran gravar el patrimonio total de las personas mediante un impuesto a la riqueza neta, aplicable a quienes tienen más de 10 mil 476 millones de pesos, para no afectar a las clases medias y a los estratos de ingresos más bajos.
Otras propuestas serían gravar las herencias y las donaciones entre familiares, que ayudaría a recabar entre 5 mil y 30 mil millones de pesos al año, y mejorar la recaudación a través del impuesto predial, ya que si todas las entidades federativas lo hicieran de forma adecuada, se podrían obtener 378 mil millones de pesos extras, equivalentes al 1.5 por ciento del PIB.