Las organizaciones que conforman la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada lamentaron que hasta ahora el gobierno federal no haya cumplido sus compromisos para combatir este delito.

Indicaron que de 2006 a mayo de 2020 han documentado la desaparición de 170 defensores de derechos humanos y de dos luchadores sociales.

“Hasta mayo del año pasado vimos una disminución en la practica de esta grave violación a derechos humanos cometida por agentes federales; sin embargo, hemos observado que en 2021, en diversos estados de la República, la desaparición forzada sigue siendo un mecanismo utilizado para intentar frenar la protesta y el descontento social, y en algunos casos se da de forma temporal (por horas o días)”, señalaron al anunciar la onceava Semana Internacional del Detenido-Desaparecido en México.

Remarcaron que es verdad que el presidente Andrés Manuel López Obrador heredó un grave problema derivado de la fallida estrategia contra la delincuencia de los dos sexenios previos, pero “las políticas implementadas por la 4T en materia de desaparición forzada han sido insuficientes. Falta voluntad política para dimensionar la naturaleza de esta grave violación a los derechos humanos y que en la mayoría de los casos no se ha avanzado en garantizar a las víctimas el derecho a la verdad y justicia”.

Agregaron que se sigue manteniendo en la impunidad a los elementos de las fuerzas armadas señalados como responsables de estos crímenes.

Para resolver este problema, propusieron la creación de comisiones de la verdad para las desapariciones forzadas, la investigación y en su caso sanción a toda la cadena de mando que ha permitido este delito y que ninguna instancia del gobierno, local o federal, se niegue a ser investigada cuando las autoridades competentes así lo requieran.