Después de que un juzgado negara la suspensión definitiva para la aplicación del decreto presidencial que regula el proceso de eliminación del glifosato al Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hizo un llamado “para trabajar todos los sectores involucrados de manera coordinada por el bien de los mexicanos”.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) señaló que durante el proceso legal ha exhibido al Poder Judicial diversos estudios que reportan los efectos nocivos en la salud humana y animal, en la diversidad biológica y en el ambiente que ocasiona la exposición al glifosato y los herbicidas hechos con base en esta sustancia.

En un comunicado, el organismo empresarial lamentó la resolución judicial que le niega la suspensión definitiva contra el decreto presidencial que regula el proceso de eliminación del glifosato en 2024 y que se utiliza en los cultivos de productos agrícolas. Sostuvo que la mala interpretación de ese acuerdo podría provocar el aumento de precios y la pérdida de producción del campo.

Agregó que es preocupante “la incertidumbre que se genera a partir de interpretaciones radicales y alejadas de la ciencia”. Aseguró que el glifosato no ocasiona daños a la salud y no puede ser remplazado por otros productos. Asimismo, refirió que la prohibición del uso del maíz transgénico, que también plantea el decreto, implica el desabasto de alimentos para consumo humano y pecuario, así como de ingredientes básicos para la elaboración de cerveza, alimentos para la nutrición animal, bebidas y medicamentos.

El juzgado octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México dio a conocer ayer que negó la suspensión definitiva solicitada por el CNA para que no se le aplicara el decreto presidencial del 31 de diciembre; mientras, a Monsanto previamente el juzgado sexto de distrito también le negó la suspensión definitiva. El CNA aún puede presentar un recurso de revisión sobre estas resoluciones.

En febrero, el organismo acordó con sus agremiados una estrategia jurídica a fin de atacar el decreto gubernamental con la presentación de amparos, así como para identificar violaciones a acuerdos internacionales y una campaña de comunicación con el objetivo de reforzar las acciones legales, lo que se inició con una inversión de 12 millones de pesos.

A la fecha se han presentado 17 juicios de amparo indirecto contra el decreto presidencial, 16 por empresas y el otro por una asociación civil. En 15 de ellos, los jueces han negado la suspensión definitiva y únicamente se han concedido dos medidas cautelares de carácter provisional: una a Monsanto y otra al CNA, mismas que fueron revocadas, informó el Conacyt.

La Semarnat sostuvo que los resolutivos emitidos por los juzgados dieron prioridad a la protección de bienes que interesan a la colectividad, “los tres niveles de gobierno deben seguir trabajando en la implementación del decreto, así como el sector productivo, ya que lo más importante es cuidar la vida de las personas y su entorno”.