Ciudad de México. Además de litigar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de su desafuero, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, también logró que el máximo tribunal se encargue de resolver un amparo que promovió desde 2017 para que se le permita jugar en el exclusivo Club de Golf Cañada de Santa Fe.

El origen del caso se remonta a 2013 cuando el mandatario y su esposa, Mariana Gómez Leal, adquirieron el departamento 3B en el condominio Los Helechos, del fraccionamiento Bosques de Santa Fe.

Pagaron por este inmueble 14 millones 300 mil pesos, dinero que, según las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), provino de dos empresas ligadas al Cártel de Sinaloa.

A decir del gobernador, la adquisición del inmueble le daba derecho a hacer uso de las instalaciones del club de golf, sin embargo, como la transacción no fue autorizada por el Consejo de Administración del fraccionamiento, el acceso le fue negado.

Por ello, García Cabeza de Vaca promovió un juicio mercantil y luego un amparo, pero ambos fueron resueltos en su contra, por lo que interpuso ante la SCJN el recurso de reclamación 1937/2017, argumentando que era víctima de discriminación, en lo que la Corte le dio la razón.

Así, el caso fue reactivado y ahora regresó a la SCJN como el amparo directo en revisión 8431/2019, donde el club de golf demanda el respeto al derecho de propiedad y a sus estatutos.

Uno de los puntos del litigio es que el Consejo de Administración requiere conocer el origen del dinero con el cual el gobernador compró el inmueble, según se señala en el acuerdo de la SCJN: "Derecho a la información. Secreto fiscal, tratándose de la imposibilidad de proporcionar información solicitada en relación a montos de contribuciones enteradas con motivo de una compraventa, al considerar. que dicha información tiene el carácter de reservada".

Aunque el gobernador afirma haber revendido la propiedad en 2019, el juicio continúa y la SCJN ya admitió este nuevo amparo, el cual quedó asignado para su estudio al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.