La reforma a la subcontratación de trabajadores tiene buenas intenciones pero no beneficiará a los que ganan menos. En teoría, la reforma pretende que todos los asalariados reciban lo justo y las empresas que los contratan paguen los impuestos que les corresponden.
El gran problema es que las nuevas regulaciones no contemplan a los más explotados, como son los empleados de limpieza y de seguridad. Los del sector limpieza generalmente son los peor pagados y los de seguridad son los que corren mayores riesgos.
Cuando uno visita una dependencia gubernamental, una oficina privada o un aeropuerto se ve claramente quiénes son los que presentan las peores condiciones laborales. En los baños, en los pasillos y en todo tipo de instalaciones se ve al personal que realiza las actividades de mayor desgaste físico sin un contrato laboral con la institución para la que trabajan.
Se supone que actividades como la seguridad y la limpieza son “especializadas” (que lo menos que tienen es un alto grado de especialización) por lo que no los contratan directamente las empresas ni el gobierno, quienes se desentienden de esos empleados. La propia Secretaría del Trabajo, por ejemplo, no necesita tener en su nómina a los que limpian y cuidan sus oficinas. Estos servicios los dejan en manos de un intermediario, una empresa privada especializada.
Así lo establece la nueva regulación, por lo que los trabajadores que ganan menos, que no cuentan con un alto nivel educativo y que tienen pocas posibilidades de defenderse laboralmente, se mantienen en un régimen de excepción a través de la subcontratación.
En teoría, las empresas de servicios especializados deben cumplir con normas laborales estrictas, tales como el pago de prestaciones de ley, con certidumbre laboral, derechos de antigüedad y libertad sindical, pero en los hechos no ofrecen este tipo de beneficios a sus empleados.
Reiteramos, la nueva regulación deja en el desamparo a los trabajadores más explotados. Ni las empresas ni el gobierno están dispuestos a contratarlos directamente para que reciban beneficios semejantes a los empleados que llevan a cabo las actividades prioritarias, por la simple razón de que la ley no los obliga a hacerlo. En este sentido, las nuevas regulaciones del outsoursing se quedaron cortas con los más necesitados.
