La fundación Mary Street Jenkins podría librarse del pago de 447 millones 904 mil 896 pesos de los impuestos sobre la renta (ISR) y al valor agregado (IVA), gracias a un proyecto de sentencia que se votará esta semana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La fundación, hasta hace poco en manos de los nietos de Jenkins, quienes se encuentran actualmente prófugos, acusados de desfalco, fue reconvenida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por no pagar sus impuestos correspondientes al ejercicio fiscal de 2010.

Con el argumento de que hubo una mala interpretación del artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la parte quejosa promovió un juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual el 19 de febrero de 2019 falló en su contra.

Ante esta determinación, la fundación interpuso un juicio de amparo, el cual finalmente llegó a la ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales, quien propuso darle la razón y ordenar a un tribunal colegiado revisar la sentencia, tomando en cuenta que las instituciones de beneficencia privadas están sujetas a un régimen fiscal menos gravoso.

De aprobarse el proyecto del ministro Aguilar, la fundación no se libraría de pagar impuestos, pero éstos serían mucho menores a los que reclama el SAT.

Esta fundación fue constituida en el siglo pasado por el empresario estadunidense William Oscar Jenkins quien, según investigaciones históricas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, hizo su fortuna luego de fingir su secuestro en 1920, cuyo rescate, de 300 mil pesos oro, fue pagado por el gobierno mexicano, debido a que en ese entonces se desempeñaba como cónsul de Estados Unidos.

Ya libre y descubierto el engaño, Jenkins culpó del plagio a los líderes zapatistas de Puebla, Federico Córdova y Tomás Ubera, y tras la caída del gobierno de Venustiano Carranza el caso fue cerrado y el monto del rescate nunca se recuperó.