En momentos en que el papel del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cobra mayor relevancia con el incremento de recursos a resolver del proceso comicial, la disputa interna se ha agudizado. Su presidente, José Luis Vargas, se encuentra cada vez más aislado de sus colegas. “El Tribunal se ha colocado al borde de una crisis institucional, hay una disputa terrible cuyos efectos pueden ser muy delicados por la etapa en que nos encontramos en el proceso”, advierte Hugo Concha, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

La frustrada pretensión de Vargas para que los magistrados le adelantaran el sentido de sus votos, propuesta “de suyo aberrante, provoca que ahora las sesiones públicas se conviertan en un escenario de derrumbe del presidente, porque es una exhibición pública de que carece de los apoyos internos elementales”, considera. Cada vez más solo –con el respaldo único de la magistrada Mónica Soto–, ha fracasado en sus últimas directrices administrativas y su intento de “manipular” los tiempos de resolución de casos centrales con sus colegas que, por el contrario, las han confrontado.

La actual integración del TEPJF arrastra un vicio de origen que ha condicionado su relación con los actores políticos. Designados para periodos escalonados, el Senado impuso irregularmente una ampliación de mandato que benefició, sobre todo, a Indalfer Infante y a Vargas, cuyas gestiones debieron concluir en octubre de 2019, pero se prorrogaron hasta 2023. “En la coyuntura actual, hay un factor adicional: la captura del presidente desde el madruguete de 2016, cuando se le amplió su gestión, porque condicionó su desempeño a los actores políticos”, indica Concha.

En seis meses, Vargas ha tenido una presidencia accidentada. Elegido en noviembre de 2020 en el cargo, un mes después salió a la luz que la Unidad de Inteligencia Financiera había detectado movimientos presuntamente irregulares en su patrimonio y días después compareció ante la Fiscalía General de la República en torno al crecimiento atípico de esos bienes.

En marzo, otro flanco abierto para el presidente: el Consejo de la Judicatura cuestionó la alteración de Vargas a decisiones del Comité de Administración, lo que destapó, a su vez, la inconformidad de los magistrados Janine Otálora, Felipe Fuentes Barrera (ambos predecesores de Vargas), Felipe de la Mata, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez, con los manejos administrativos, expresados en un oficio de deslinde público de Vargas.

La exigencia de los magistrados para que Vargas no dilatara unilateralmente la celebración de sesiones para decidir temas centrales evidenció que la confrontación afectó ya los tiempos del TEPJF y de la elección con los casos de Félix Salgado y Raúl Morón. “Antes había reuniones privadas previas a la sesión pública, donde expresaban el sentido de los votos, pero esto abrió la puerta a la manipulación de los tiempos e intercambio político de Vargas para las sesiones”.

La historia del titular del Tribunal –apunta Concha– ha sido de acercamientos con los intereses de los gobiernos en turno. “Empezó a manipular las fechas para fijar sesiones y asuntos cuando veía que las votaciones no le convenían a él y al partido en el gobierno. Se fue quedando solo y un presidente sin apoyos no le conviene a ninguna institución”.