Con el homicidio del defensor ambiental Marco Antonio Arcos Fuentes, el viernes en Chilpancingo, Guerrero, ya suman 66 ecologistas asesinados en México de 2006 a la fecha, reportó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo condenó el crimen y demandó a las autoridades de procuración de justicia investigar de manera exhaustiva los hechos, con especial atención en la posible relación con su actividad en defensa de los derechos humanos.

La CNDH manifestó su preocupación “por la ausencia de acciones y estrategias coordinadas de las instancias de los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano, tendentes a garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las y los defensores de derechos humanos, pues dichas agresiones constituyen un obstáculo e inhiben el pleno ejercicio de la defensa de los derechos humanos en nuestro país”.

En un posicionamiento sobre el crimen, la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, expresó sus condolencias a la familia del activista y comisario de Jaleaca de Catalán y a los habitantes de ese poblado.

Se comprometió a estar atenta a la evolución de los acontecimientos y de las investigaciones que realicen las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de los responsables y su presentación ante la justicia “para que reciban el castigo que en derecho corresponda, a fin de que este caso no quede en la impunidad”.

La CNDH censuró la violencia que se da en México contra los activistas, en cualquiera de sus formas, pues “constituye uno de los principales obstáculos para que nuestro país se consolide en un estado de derecho”.

Subrayó que las autoridades del Estado mexicano deben garantizar las condiciones que permitan a los defensores de derechos humanos realizar su labor sin restricción alguna, al igual que evitar la repetición de este tipo de crímenes y agresiones.