No es de triunfalismo el discurso del líder formal de Morena, Mario Delgado. Está empeñado en señalar, a dos domingos de la jornada electoral, que hace meses parecía sumamente propicia para el partido en el poder a nivel federal, que hay factores de poder decididos a impedir el avance de la organización guinda, a hacer fraude: “La mafia de la corrupción va a querer meterle mano a las elecciones, van a querer comprar la conciencia de la gente”, dijo en gira de fin de semana por el sur del país (https://bit.ly/3vhLkQd).

Ha de decirse que esa retórica, dirigida en específico en contra “del PRIAN”, es útil a Delgado para promover como recurso alterno que los votantes se decanten masivamente por Morena, a pesar de las aberraciones que en varias partes del país cometió dicho dirigente partidista a la hora de imponer candidaturas. Pero, más allá de ese ardid, la insistencia en darle corporeidad al fantasma del fraude electoral abona el camino a eventuales inconformidades mayores de Morena si los resultados no corresponden a sus expectativas más optimistas.

Así pues, desde ahora está arrojada al terreno sembradío de lo poselectoral la denuncia de esa colusión de intereses poderosos y fraudulentos: “Ya conocen a los panistas, que les gusta meterle mano a las elecciones, ya ustedes saben que están amañados con los empleados que tienen en el INE”, añadió el ex secretario de Finanzas del gobierno capitalino de Marcelo Ebrard. Hoy, faltan 12 días para la cita electoral, ¿qué más viene en este tramo previo, tan corto y a la vez tan largo?

Por lo pronto, hoy PAN, PRI y PRD formalizarán de manera pública su coalición electoral denominada “Va por México”, que busca, según declaraciones del perredista Jesús Zambrano, frenar “las reformas dictatoriales gestadas desde el púlpito presidencial”. Darán a conocer un manifiesto que plantea los compromisos a cumplir en busca de fortalecer un “contrapeso” a Palacio Nacional.

A nivel federal y de los estados, los poderes judiciales están sumamente corrompidos. En esos ámbitos se negocian liberaciones y reducciones de sentencias, entre otros “servicios” a quienes tienen suficiente dinero para pagarlos. Pero no siempre el móvil de las acciones contrarias a la justicia está en el ámbito de jueces, magistrados o ministros.

Es usual, en ese mundillo de la compraventa de “justicia”, que la integración de las averiguaciones previas, las solicitudes de órdenes de aprehensión y otras diligencias a cargo de las fiscalías, antes llamadas procuradurías, vayan intencionalmente mal elaboradas para que los abogados de esa clientela adinerada invoquen ante jueces las fallas y consigan beneficios para los delincuentes.

Sin embargo, el secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, se ha ido con dureza contra el Poder Judicial Federal: “Tenemos que cerrar bien el círculo porque si no se nos van (los delincuentes). Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera, parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención”.

Las amenazantes palabras del almirante secretario (por las cuales debería disculparse) muestran el peligro de la militarización que caracteriza a la administración obradorista. En la doctrina castrense, un enemigo debe ser exterminado. Por lo demás, tampoco es que la Marina esté en condiciones de lanzar primeras piedras. En anteriores administraciones fue utilizada por servicios de inteligencia y agencias estadunidenses para acciones en suelo mexicano violatorias de la soberanía nacional y la legalidad. Y en su tozudo andar por los senderos civiles, la Marina ha cometido diversas violaciones a los derechos humanos en distintas épocas.

Y, mientras el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, es señalado responsable de la represión contra normalistas rurales de Mactumactzá, de los cuales ayer 74 alumnas fueron liberadas de manera condicional, sujetas a proceso penal, mientras la suerte de 19 varones será determinada este martes, ¡hasta mañana!

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