Guadalajara, Jal. En lo que va del año, las protestas de familiares de personas desaparecidas se han vuelto una constante en Casa Jalisco, residencia del gobernador Enrique Alfaro, quien a pesar de que hay semanas en las que hasta tres contingentes se plantan frente al inmueble, ha evitado salir a atestiguar el dolor y escuchar los reclamos por la incapacidad de su administración para dar con el paradero de los seres queridos de los manifestantes.

Jalisco es el estado con más ciudadanos desaparecidos y sin localizar del país al acumular hasta este domingo, un total de 12 mil 831, 14.55 por ciento del total nacional de 88 mil 188 personas en esa condición, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda; pero además, es la entidad con mayor número de desapariciones forzadas, con 2 mil 421 casos reportados por la Fiscalía estatal.

No sólo grupos criminales están detrás de las desapariciones forzadas en Jalisco, pues según datos oficiales en los tres años recientes, –la administración alfarista comenzó en diciembre de 2018– por lo menos 125 agentes o mandos policiales de 14 municipios, así como de la propia fiscalía, han estado involucrados en este delito considerado, desde 1994 por la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas, como un crimen de lesa humanidad.

Los delitos de lesa humanidad son aquellos “especialmente atroces y de carácter inhumano, que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, según la convención signada por México.

A nivel nacional, desde 2007, primer año completo del gobierno federal que encabezó Felipe Calderón, las desapariciones en territorio nacional aumentaron exponencialmente, al pasar de 571 en 2006, a 2 mil 900 en 2007, un 507 por ciento más de un año a otro, hasta llegar a 21 mil 492 en 2019, el año con el mayor registro histórico. En 2020 el número de desapariciones en México fue de 18 mil 841.

En Jalisco, de la mano del aumento de la actividad delictiva y en particular de los enfrentamientos entre grupos criminales que se disputan territorios, se tiene detectado que por lo menos 125 policías de 14 municipios han estado presuntamente ligados a desapariciones forzadas, aunque hasta ahora sólo 49 han sido vinculados a proceso y se han dictado apenas tres sentencias condenatorias.

Las desapariciones forzadas de personas perpetradas por policías incluyen agentes municipales de Tlaquepaque, Acatic, San Miguel el Alto, Autlán, Tecalitlán, Tecolotlán, Totatiche, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalostotitlán, Mezquitic, Poncitlán, Ocotlán y Tequila, además de elementos de la fiscalía acusados de privación ilegal de la libertad.

El caso de agentes de Acatic

En estos asuntos destaca la vinculación a proceso de siete policías de Acatic, acusados de estar involucrados en el tema de la familia Villaseñor Romo, que regresaba de viaje de la Ciudad de México a Guadalajara el 25 de marzo y cuyos cinco integrantes privados de la libertad –incluidos dos menores de edad– , fueron liberados entre el 8 y 9 de abril.

El comisario de la policía de ese municipio, Iván Espinoza, acusado de participar, huyó desde entonces y sigue prófugo.

También en abril y casi a la par de ese caso, fueron detenidos dos de seis policías de Ocotlán presuntamente vinculados en el levantón de cuatro hermanos en diciembre de 2019, aunque la orden de aprehensión fue liberada desde febrero, lo que permitió que cuatro uniformados escaparan.

Revocan proceso en libertad

Familiares de los hermanos Oswaldo Javier, de 23 años; José de Jesús, 40; Ernesto, 38 y Tonatiuh, 28, denunciaron que tras la captura de los dos uniformados se pretendía dejarlos que llevaran el proceso en libertad, pero ante la inconformidad que manifestaron al juez, éste revocó la intención de la fiscalía.

En octubre pasado se informó sobre la aprehensión de 11 efectivos policiacos de los municipios de Autlán, Teocaltiche y Tlaquepaque, quienes presuntamente participaron en desapariciones forzadas entre 2018 y 2020.

Se trata de dos agentes de Autlán presumiblemente vinculados en la desaparición de cuatro ciudadanos en 2019; tres de Teocaltiche quienes, junto con una mujer, habrían sido autores de la desaparición de dos personas en 2020.

De este grupo de uniformados, el caso más escandaloso fue el de los seis policías de Tlaquepaque detenidos, acusados de la desaparición de dos individuos en 2018.

Al dar a conocer dichos arrestos, el fiscal Gerardo Octavio Solís reconoció que también había uniformados que habían logrado escapar, pero a la fecha poco se ha dicho del avance en los procesos penales contra los 11 que sí fueron detenidos.

El único caso donde hay una condena firme y en el cual se actuó con un amplio despliegue de recursos dadas sus características internacionales, fue el de los tres ciudadanos italianos de la familia Russo que vinieron a Jalisco a vender herramientas y maquinaria en 2018 y que en enero de ese año desaparecieron en Tecalitlán y fueron entregados por agentes locales a miembros del cártel que domina la región.

Aunque también el comisario de Tecalitlán logró huir y continúa prófugo, se detuvo a cuatro uniformados, uno de los cuales murió en prisión esperando el juicio que concluyó en abril pasado.

En ese mes, una mujer implicada, aprovechando que llevaba el proceso en libertad, decidió no presentarse en los alegatos finales, por lo cual sólo dos de los cinco policías originalmente involucrados deberán pasar 50 años en prisión.

Pero esta aparente supervisión de la Fiscalía jalisciense para detener, sin importar si son o no elementos policacos los causantes de las desapariciones, se desvanece cuando se revisan casos que tienen menor relevancia ante la opinión pública y en los cuales, a pesar de las evidencias, ni siquiera ha ejecutado acción penal.

Eso ocurre por ejemplo en Tecolotlán, donde el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) resolvió en septiembre pasado una apelación a favor de la Fiscalía de Personas Desaparecidas para que fuera girada orden de aprehensión contra seis agentes –entre ellos un primer comandante– y el juez municipal por su probable participación en la de-saparición forzada de dos hombres, a quienes presuntamente entregaron a la delincuencia organizada a finales de 2018.

El caso se inició el 8 de noviembre de 2018, cuando fueron capturados Raúl Secundino “G” y Gustavo Alonso “M”, acusados de robo, pero la mañana del día 9 desaparecieron, a pesar de estar bajo custodia policial.

Evitan arresto de imputados

Diecisiete meses después de haber recibido la denuncia y luego de siete meses de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió una recomendación por este y otros 71 casos de desaparición forzada, en marzo de 2020 la fiscalía en la materia , finalmente solicitó al juez Ranulfo Arreola Zavala, del séptimo distrito judicial, con sede en Autlán, orden de aprehensión contra los funcionarios de Tecolo-tlán, pero el juzgador la negó.

La fiscalía apeló el fallo ante el STJE y los magistrados Guillermo Valdez, Antonio Flores y Armando Ramírez resolvieron el expediente 53/2020 el primero de septiembre, e instruyeron a Arreola Zavala para dictar las órdenes de aprehensión, ante las evidencias recabadas y que señalaban a los siete funcionarios públicos.

Hasta ahora, y casi nueve meses después de la instrucción del juez, la fiscalía no sólo ha evitado detener a los imputados, sino que ha hecho oídos sordos a información que tiene en su poder y que ha compartido con los familiares respecto a que existen indicios sobre una fosa clandestina en Tecolotlán en la cual su ser querido pudo haber sido inhumado.

Otro caso en el cual priva la impunidad es el conocido como “halconazo”, ocurrido el 5 de junio de 2020 en el contexto de las protestas en repudio a la muerte de Giovanni López, un albañil arrestado por agentes de Ixtlahuacán de los Membrillos por no usar cubrebocas y quien murió golpeado estando bajo su custodia.

En esa ocasión la CEDHJ documentó en un informe especial que al menos 27 personas, la mayoría jóvenes manifestantes, fueron privadas de su libertad extrajudicialmente por elementos de la Fiscalía de Jalisco.

Las víctimas fueron encerradas en jaulas dentro de la dependencia luego de “subirlas por la fuerza a camionetas y vehículos sin placas, quitarles o destruirles sus pertenencias (particularmente teléfonos celulares), amenazarlos e intimidarlos de atentar contra su integridad personal, y llevarlos a diferentes lugares alejados del área de la manifestación donde los dejaron a su suerte y, en muchos casos, sin saberse de su paradero o destino”.

El abuso fue de tal magnitud que la organización Amnistía Internacional, en su informe sobre derechos humanos en México, señaló las detenciones arbitrarias y dijo que “los manifestantes fueron secuestrados en vehículos sin distintivos y estuvieron en paradero desconocido durante varias horas”.

El gobernador Enrique Alfaro, del partido Movimiento Ciudadano, y el fiscal Gerardo Octavio Solís, a modo de excusa por los excesos contra los inconformes, argumentaron entonces que la fiscalía estaba infiltrada por el crimen organizado.

Solamente se presentaron cargos contra ocho oficiales y se vinculó a proceso a cuatro, aunque videos, fotografías y testimonios evidenciaban que fueron al menos una veintena de uniformados tanto de la fiscalía como de la policía estatal los que participaron en las detenciones ilegales.

La vinculación a proceso además fue tan laxa que se permitió que los cuatro acusados cursaran en libertad el proceso y fueran inculpados sólo por abuso de autoridad.

Jóvenes se dijeron engañados por Alfaro

Sobre este caso, el pasado 28 de enero decenas de jóvenes que fueron víctimas se quejaron de haber sido utilizados y engañados por Alfaro durante los foros Construcción de paz, Seguridad ciudadana y Reforma policial, con los cuales el político dijo que atendería las secuelas de lo ocurrido y se buscaría mejorar las actuaciones de las policías en Jalisco.

El grupo manifestó que no avalaría los resultados de las mesas técnicas emanadas de los foros, de los cuales se dijeron marginados.

“No continuaremos apoyando ninguna actividad gubernamental derivada de los hechos del 4, 5 y 6 de junio. Seguiremos buscando la verdad, la justicia y la reparación integral del daño para todas las personas violentadas durante el marco de las protestas y lo haremos desde nuestras propias trincheras”, puntualizó en un comunicado.

Pero de las desapariciones forzadas en Jalisco no se salvan ni los mismos uniformados.

A principios de mayo pasado, un policía de Guadalajara fue privado de la libertad por un grupo armado y su hijo fue herido de bala cuando quiso intervenir.

El agente se encontraba en su día de descanso y fue identificado como Mario Alberto Villa Arce, uno de los uniformados que participó en una balacera en la colonia Chapalita en abril anterior, en la cual hubo 30 detenidos presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y se liberó a seis personas que tenían cautivas. Dos días después fue encontrado el cadáver de Villa Arce.

El 3 de abril pasado en la colonia Heliodoro Hernández, también de Guadalajara, fue secuestrada la policía Virginia Muñoz González, a quien un grupo armado se llevó frente a sus hijos y a la fecha se desconoce su paradero.