Desde la llegada de Rosario Piedra Ibarra a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), muchas visitadurías generales han estado encabezadas por personajes que no cumplían con el perfil establecido en la ley del organismo autónomo, en particular por no tener estudios profesionales en derecho.
Por lo anterior, muchos de ellos fueron nombrados en sus puestos bajo la figura de directores generales o encargados de las visitadurías, lo que ha sido criticado por ex funcionarios que advierten sobre la condición irregular de este esquema.
Como se informó en este diario, en los primeros días de la actual administración de la CNDH, la ombudsperson designó a tres personas que no cubrían algunos requisitos que establece el artículo 23 de la norma interna de la institución, entre ellos “tener título de licenciado en derecho expedido legalmente” y “contar con experiencia mínima de tres años en materia de derechos humanos”.
Fueron los casos de José Martínez Cruz, quien ocupó la primera visitaduría, pese a tener únicamente “estudios inconclusos” en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; Carlos Fazio, aún titular de la segunda visitaduría, periodista de profesión, aunque sin formación académica comprobada, y Edgard Sánchez, activista y fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que ocupó la dirección de la sexta visitaduría, pero sin contar con una licenciatura en derecho.
Martínez Cruz fue sustituido en agosto de 2020 por Paolo Martínez Ruiz, quien sí cumple con el requisito de ser abogado, pero Sánchez fue relevado por Alexander Francisco Brewster Ramírez, quien apenas cuatro meses después fue cesado al revelarse que había presentado un currículum con referencias laborales que no correspondían a la verdad.
Tras las críticas formuladas, la comisión nombró a nuevos visitadores que sí cumplían con el requisito de ser abogados, como Raúl Arturo Ramírez Ramírez en la quinta visitaduría; Hilda Téllez Lino en la tercera o Arely López Pérez en la cuarta; sin embargo, siguió recurriendo a la figura de director general o encargado.
En su momento, la CNDH indicó que la designación de personajes que no tenían estudios de derecho, pero sí experiencia como luchadores sociales, obedecía a “un esquema que, respetando la normatividad actual de la comisión, complemente la experiencia jurídica con las vivencias del trabajo directo con las víctimas. Incluso, algunos de ellos son víctimas también”.
Sin embargo, en un artículo académico, Susana Thalía Pedroza, ex titular de la segunda visitaduría, señaló la importancia de que quienes sean designados directores generales de las visitadurías cubran los requisitos y tengan el perfil de ley, “a fin de que sus actuaciones estén revestidas de legitimidad”.