Ciudad de México. A siete semanas de que inicie su periodo de receso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantiene en suspenso decisiones sobre temas como los topes salariales para los consejeros y altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral, el Banco de México y el Instituto Federal de Telecomunicaciones; así como las impugnaciones a la participación de la Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública, las suspensiones contra la Ley de Hidrocarburos y ahora la revisión del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

De todos los pendientes de la SCJN, el único que se prevé resuelvan antes de irse de vacaciones es el tema de la maternidad subrogada, que ingresó al máximo tribunal desde el año 2016, y aparece ya en el número 8 de la lista para Pleno, por lo que se resolverá a principios del mes próximo.

Se trata específicamente de la acción de inconstitucionalidad promovida por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en contra del Decreto 265 que, desde el 13 de enero de 2016, modificó el Código Civil de Tabasco, para regular los aspectos familiares de la maternidad subrogada.

La PGR impugnó solamente la posible invasión de competencias en que habría incurrido el congreso estatal al normar un tema respecto al cual el Congreso de la Unión tendría facultades exclusivas.

Sobre este asunto, aún no se ha hecho público el proyecto de resolución, preparado por la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

Una vez que la SCJN resuelva este tema, tendrá una base para entrar al fondo de otro caso relacionado, se trata de un amparo promovido por una empresa privada, dedicada a mediar entre quienes buscan recurrir a la maternidad subrogada, y las mujeres dispuestas a dar este servicio.

En este asunto, el ministro encargado, Jorge Mario Pardo Rebolledo, ya hizo público su proyecto de sentencia desde enero pasado, en donde propone otorgar amparo a la empresa Fertility Center, en contra de las modificaciones al Código Civil de Tabasco, donde prohíbe la mediación de este tipo de empresas en el proceso de maternidad subrogada.