La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha interpuesto mil 60 denuncias de hechos ante la Fiscalía General de la República –y ante su antecesora, la Procuraduría General de la República– por actos de corrupción, pero muy pocas se han convertido en castigos para los acusados desde que comenzó su funciones a finales de 2000.
Del total de las quejas interpuestas por irregularidades detectadas al fiscalizar las cuentas públicas 1998-2019, apenas 22 cuentan con sentencia, y, de ellas, sólo 13 han sido resueltas a favor de la parte acusadora, de acuerdo con información de la ASF.
Si durante la revisión de alguna determinada cuenta pública la auditoría detecta irregularidades, puede tomar distintas acciones, que van desde emitir un pliego de observaciones, solicitar la aclaración correspondiente a la entidad fiscalizada, hasta interponer una denuncia por presuntos hechos constitutivos de un delito ante la FGR.
De acuerdo con el informe semestral que la ASF envía a la Cámara de Diputados, las mil 60 denuncias que ha interpuesto hasta el 31 de marzo de 2021, 975 son por irregularidades y presuntos delitos relacionados con las cuentas públicas de 1998 a 2019, y 85 tienen que ver con la simulación de reintegros de recursos a las arcas públicas por parte de funcionarios que incurrieron en irregularidades.
La cuenta pública por la que más denuncias ha interpuesto la ASF es la de 2012 –que corresponde al último año de la administración de Felipe Calderón Hinojosa–.
Del total de denuncias, 761 están en proceso de integración, 10 guardan estatus de consignadas, 19 aparecen como judicializadas, tres en proceso de instrucción, 79 están en reserva, seis fueron sobreseídas, 22 tienen sentencia y en 160 se determinó el no ejercicio de la acción penal.
De las 22 denuncias con sentencia, 13 han sido a favor de la auditoría y nueve han sido favorables a la parte acusada.
Lo anterior implica que la ASF ha logrado imponer sanciones en 59 de los casos para los cuales ya se tiene una sentencia.
En los expedientes en que la decisión fue favorable para la parte acusada, las sentencias determinadas fueron: seis absolutorias, una por sobreseimiento, un auto de libertad y uno por revocación de sentencia condenatoria. Además, en cuatro de estos nueve casos, la ASF ya tenía una sentencia a su favor, que fue modificada cuando los procesados apelaron. En el caso de las 13 sentencias favorables a la ASF, las penas impuestas incluyen: prisión, multa económica y, en algunos casos, inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
