Buenos Aires. La justicia penal de Uruguay rechazó el pedido de habeas corpus del dirigente y diputado de la alianza derechista Cambiemos en el Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur), Fabián Rodríguez Simón, quien intentó pedir “asilo político” en el país vecino al argumentar que podría ser detenido arbitrariamente en Argentina, sólo por haber sido citado a indagatoria por un juzgado.
Rodríguez Simón, uno de los abogados del ex presidente Mauricio Macri, fue citado a declarar por la justicia argentina, que investiga su responsabilidad en el armado de la llamada mesa de jueces que participaron junto a la cúpula del pasado gobierno, los medios de comunicación y grupos de inteligencia en la persecución y encarcelamiento ilegal de empresarios y ex funcionarios de la administración de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, también víctima de esa situación.
Citado por la juez María Servini de Cubría y el fiscal Guillermo Marijuan –quienes no tienen relación con el gobierno actual– a declarar por una denuncia que presentó el empresario Fabián de Souza, antes de ser liberado en octubre de 2019, acusando a Macri de encabezar una asociación ilícita que decidió apoderarse de sus bienes y, ante su resistencia, actuó en complicidad con la justicia para encarcelarlo.
Ahora la fiscalía ordenó recopilar pruebas y testimonios y pidió investigar las llamadas telefónicas de Rodríguez Simón. Tanto De Souza como su socio, Cristóbal López –dueños de varias empresas y del Grupo Indalo de medios de comunicación, incluido el canal C5N, que quería comprar Macri–, fueron sometidos a una feroz persecución política ante la negativa de unirse a la campaña para llevar a la cárcel a Fernández de Kirchner, lo que les costó perder empresas y estar presos sin ninguna causa durante dos años. Fueron liberados por un fallo de los entonces camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, lo que generó la reacción pública de Macri, quien al decir “eso no es lo que acordamos” evidenció la complicidad de ese gobierno con los jueces. Como castigo, Farah fue trasladado a otro tribunal y Ballestero renunció cuando el entonces oficialismo pidió un juicio político.
Rodríguez Simón decidió no presentarse a la citación cuando la investigación y hasta declaraciones del propio Macri lo ubican como clave en la instalación del llamado lawfare en Argentina. Servini de Cubría lo declaró “en rebeldía” y ordenó su captura internacional en oficios enviados al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la delegación local de Interpol para localizarlo e impedir su salida de ese país.
Pandemia y oposición
Diputados, abogados y organizaciones sociales denunciaron públicamente la responsabilidad de la dirigencia de Cambiemos y los poderosos medios de comunicación aliados, como Grupo Clarín y La Nación, al objetar desde el principio de la pandemia todas las medidas del gobierno destinadas a controlarla. La senadora nacional del bloque Frente de Todos por Santa Fe y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, criticó el rol cumplido por la oposición durante la pandemia.
En entrevista con Walter Sosa, de Página 12, la senadora se refirió a los obstáculos puestos a las medidas del gobierno, que debió priorizar “garantizar la salud de la población”, mientras la oposición le ha puesto obstáculos, empezando por las campañas anticuarentena en que negaron la existencia del virus desde marzo de 2020, y que consistieron en “marchas de la democracia”, quema de cubrebocas y las denuncias por “envenenamiento” contra el presidente Alberto Fernández.
