El endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Estados Unidos “impacta negativamente en la protección de los derechos humanos” de los ciudadanos mexicanos que viven en aquel país, y aunque existen pactos especiales de entendimiento entre ambas naciones en materia de repatriación, éstos no definen los protocolos adecuados para su aplicación, lo que genera que los connacionales queden desprotegidos al ser devueltos a México, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Mediante un diagnóstico especial sobre el tema, dado a conocer esta noche a través de sus redes sociales, el organismo autónomo recordó que en 2004 fue suscrito el Memorándum de Entendimiento para la Repatriación Segura, Ordenada, Digna y Humana de Nacionales Mexicanos, pero “llama la atención que en dicho acuerdo no se describen los protocolos a seguir” para que las garantías básicas de los migrantes sean respetadas.

Por otro lado, la CNDH observó que en el mencionado pacto bilateral no se desarrollan de manera suficiente los mecanismos para prohibir las detenciones arbitrarias y los actos discriminatorios, ni tampoco establecen de qué forma se respetarán los derechos a la asesoría y defensa legal, el establecimiento de intérpretes lingüísticos y las condiciones de detención apropiadas, entre otros temas.

Aunque el Memorándum en cuestión reconoce la necesidad de proteger los derechos de los migrantes mexicanos retornados, “no contempla medidas para su total protección”, pues sólo prevé medios operativos para realizar los trámites de repatriación entre ambas naciones.

Además, “los procesos de detención y repatriación no han seguido las recomendaciones internacionales en materia de protección a la salud”, a pesar de la gravedad de la pandemia de Covid-19 y del incremento del número de contagios en ambos lados de la frontera.

Sumado a lo anterior, “en México se desconocen los contenidos de los acuerdos internacionales sobre repatriación y se ha normalizado la violación a derechos humanos que sufren las mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos, o migran hacia aquel país de manera irregular”.

A ese desconocimiento se agrega que algunas instituciones mexicanas, como el Instituto Nacional de Migración (INM), consideran que la información sobre estos temas es “competencia exclusiva” de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando sus funcionarios también “están obligados a conocer los acuerdos de repatriación suscritos entre México y Estados Unidos para brindar atención adecuada” a quien lo requiera.

Por todo ello, la CNDH observó la “urgente necesidad” de revisar el mencionado Memorándum de entendimiento, “para introducir el reconocimiento de todos los derechos humanos de las y los mexicanos durante su detención, aseguramiento, traslado y repatriación a México”.

Asimismo, llamó a que los acuerdos de repatriación que sean más protectores y garantistas, y a “redoblar los esfuerzos consulares para brindar el máximo apoyo y acompañamiento tanto a los más de siete millones de mexicanas y mexicanos que residen en Estados Unidos de manera irregular, como a quienes siguen intentando cruzar la frontera al margen de los canales regulares”.