Los países deben movilizar más recursos para garantizar los derechos de las personas, construyendo políticas fiscales más justas, coincidieron especialistas. En un conversatorio virtual, Soledad García Muñoz, relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expuso que el divorcio entre la economía y las garantías de los individuos es demasiado grande aunque “tienen una conexión indisoluble”.
Confió en que se puedan establecer diálogos “cada vez más potentes” entre los actores económicos y los de derechos humanos, “buscando servir de puente entre ambos mundos en torno a los temas del mandato de la agenda 2030” para el desarrollo sostenible.
En el encuentro, las diversas organizaciones convocantes, entre ellas el Centro de Análisis e Investigación Fundar, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y Dejusticia presentaron lo que consideran deben ser los principios de derechos humanos en la política fiscal, entre ellos, que ésta sea socialmente justa y ambientalmente sostenible, que promueva la igualdad sustantiva y que sea transparente, participativa y sujeta a rendición de cuentas.
Olivier de Schutter, relator especial de la Organización de Naciones Unidas, expuso que los principios en la política fiscal pueden penetrar el sistema de derechos humanos de ese organismo si la sociedad civil sigue defendiendo la visibilidad y teniendo incidencia.
