Presidentes y gobernadores van y vienen y la justicia no llega para los pueblos indígenas, sobre cuyos territorios se imponen proyectos turísticos de empresarios y caciques. ¿Qué ha hecho el gobierno federal para proteger o devolver a estos pueblos lo que les pertenece? ¿Qué ha hecho el Poder Judicial con todos los recursos impuestos? ¿A quién sirve la justicia en este país?
Mogótavo, comunidad rarámuri del municipio de Urique, Chihuahua, se encuentra en el Divisadero Barrancas del Cobre, donde se impone un ambicioso proyecto turístico a través de un Fideicomiso en el que participan los gobiernos estatal y federal, adquiriendo más de 150 hectáreas; mientras, varios particulares han comprado otras 155 hectáreas. Las vendedoras son Ivonne y Odille Sandoval, que figuran de manera irregular como propietarias y siguen vendiendo tierras que, aseguran los pobladores ancestrales, no les pertenecen.
¿Dónde están los recursos legales?, se pregunta el Presidente de la República. Los tarahumaras podrían responderle: hay una prolongación excesiva del juicio de controversia contra quienes enajenan su territorio, en tanto los criterios de los tribunales agrarios se ciñen a los preceptos legalistas del derecho civil y no al reconocimiento de los derechos humanos de las comunidades.
Los rarámuris de Mogótavo han puesto el cuerpo y los recursos jurídicos para mantener la posesión de la mayor parte de su territorio pero, advierten, “recientemente la señora Odille Sandoval, acompañada de unos topógrafos, se introdujo a la posesión de familias miembros de la comunidad para realizar medidas al terreno sin solicitar su consentimiento”; en paralelo, el juzgado de lo penal de Ciudad Cuauhtémoc envió un citatorio a los actuales gobernadores de la comunidad para que se presenten a una diligencia el próximo 9 de junio, pues existe una denuncia en su contra por despojo agravado interpuesta por Ricardo Orviz Blake. Todo esto, por supuesto, con el fin de amedrentar a la población originaria.
¿Y qué está haciendo el Presidente?
