La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que prepara una acción de inconstitucionalidad –“en diálogo con organizaciones civiles”– en contra del decreto por el cual se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), por considerar que aquella no protege las garantías básicas de las víctimas.

En un pronunciamiento, el organismo público advirtió que la mencionada norma, así como el acto de reformar, adicionar y derogar disposiciones de otros ordenamientos legales, “no garantiza el derecho de las víctimas a coadyuvar activamente con el Ministerio Público ni cumple con los estándares internacionales en la materia ni con el principio de progresividad, entre otros”.

La CNDH recordó que, pese a los llamados a las autoridades federales para que se reconocieran los derechos y la participación activa de las víctimas de violaciones de derechos humanos, el jueves pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de la FGR, en la cual “no se establece una obligación clara y fortalecida” de dicha institución frente a los mecanismos de derechos humanos.

Debido a ello, “no se determina la autonomía de gestión de la FGR ni existe claridad o certeza jurídica sobre la forma como participará en el Mecanismo de Apoyo al Exterior, en el que se incluye el Sistema Nacional de Búsqueda”.

Por su parte, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) y 28 comisiones estatales manifestaron su rechazo al contenido de la Ley Orgánica de la FGR, pues estimaron que “representa un obstáculo para la búsqueda de personas desaparecidas y una violación a los derechos a la verdad y la justicia”.

De acuerdo con la CNB y las comisiones que respaldaron el pronunciamiento, la nueva ley “representa una regresión en diversas vías, (pues) niega derechos de las víctimas frente al Ministerio Público, debilita la obligación de la FGR frente a los mecanismos de derechos humanos –incluido el Sistema Nacional de Búsqueda– y elude su responsabilidad en la integración de las comisiones especiales”.

Asimismo, “tergiversa el significado de lo que implica la autonomía y regresa a una fiscalía vertical, que no es transparente y está cerrada a la ciudadanía, además obstaculiza la coordinación interinstitucional”.