Integrantes del grupo disidente Telefonistas Construyendo Democracia, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), expresaron su inconformidad por el acuerdo de revisión salarial 2021-2022 que se firmó ayer entre el dirigente vitalicio Francisco Hernández Juárez y la empresa Teléfonos de México (Telmex).
Miguel Ángel Lara Sánchez, delegado de jubilados en la Ciudad de México de ese grupo, señaló que el incremento al salario de 3.4 por ciento y de casi uno por ciento en prestaciones es “diferenciado, menor a la inflación e ilegal”.
Explicó que el ofrecimiento de la empresa, avalado por la representación sindical, consiste, primero, en un incremento de 3.4 por ciento al salario para trabajadores activos y jubilados con ingresos mensuales de hasta 30 mil pesos. Para quienes superen ese monto, será de 34 pesos diarios –que equivale a 0.8 por ciento–, es decir, un aumento salarial diferenciado con lo cual “da pie a la existencia de telefonistas de primera y de segunda”.
En conferencia de prensa, Cristina Zaragoza, de la Red Nacional de Telefonistas, planilla que compitió contra Hernández Juárez en la elección de 2020 por la secretaría general del STRM, hizo notar que la votación se desarrolló con irregularidades y “no hubo garantías de voto secreto, libre, y directo”, ya que la consulta “no se apegó a lo que marcan las últimas reformas de la Ley Federal del Trabajo, porque no se nombraron comisiones escrutadoras y las urnas eran cajas de cartón y de papel reciclado, sin sello”. Refirió que se emitieron 19 mil 949 votos a favor y mil 839 en contra.
Lara Sánchez consideró que el resultado de la revisión salarial “es muy pobre en términos económicos, una notable agresión a los trabajadores de las categorías más altas y sobre todo al personal jubilado”.
De igual forma, los telefonistas disidentes advirtieron que “persiste la amenaza” de sacar adelante la propuesta de la empresa para que los trabajadores cedan su pensión a cambio de acciones de la compañía, para capitalizarse y reducir sus pasivos laborales.
Al respecto, Zaragoza urgió a las autoridades laborales a “no convalidar un plan accionario que significa la renuncia de nuestros derechos y contra los tratados internacionales como el T-MEC”.
