Ayer se dio a conocer que policías estatales y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas agredieron sexualmente a las alumnas de la Escuela Normal Rural Mactumactzá detenidas el martes. Bernardo Salinas Matus, docente de ese centro de estudios e integrante de la comisión que logró visitar a los estudiantes recluidos en el penal de El Amate, denunció que los uniformados “tocaron los pechos y partes íntimas” de las alumnas con el pretexto de buscar sus teléfonos celulares; mientras, en los separos las hicieron desnudarse aunque se encontraban presentes los hombres que reciben las pertenencias. El profesor también transmitió las denuncias de los alumnos en torno a las humillaciones y el maltrato físico y sicológico perpetrados durante su detención, traslado y presentación ante el Ministerio Público.
El conflicto en curso entre los normalistas de Mactumactzá y el gobierno encabezado por Rutilio Escandón tiene su origen en la convocatoria para el ingreso al siguiente ciclo escolar, la cual establece que el examen de admisión se realizará en la modalidad virtual. Como han denunciado los estudiantes, dichas bases no contemplan que los aspirantes provienen de entornos rurales de alta marginación, en los cuales no tienen acceso a Internet ni a computadoras. Ante la cerrazón de las autoridades chiapanecas, las protestas fueron escalando hasta que el martes 18 se efectuó la toma de la caseta de peaje de Chiapa de Corzo, donde las fuerzas policíacas del estado arremetieron contra los normalistas y detuvieron a 95 personas; aunque dos de ellas fueron liberadas horas después al constatarse que se trataba de menores de edad. En estos momentos permanecen privadas de su libertad 74 mujeres y 19 hombres.
Por el cúmulo de irregularidades y los múltiples señalamientos de abusos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado mexicano a “investigar el uso excesivo de la fuerza y determinar la situación jurídica de personas detenidas conforme estándares de derechos humanos y, con la debida diligencia reforzada y enfoque de género, las denuncias de agresiones sexuales”. Además, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) exigió la liberación inmediata de los 93 estudiantes presos y ya se encuentra en marcha un movimiento por la libertad de los normalistas, con actos en la capital del país, Chiapas y otros estados.
Las relaciones entre el Estado mexicano y el normalismo rural constituyen un tema insoslayable en la agenda pública desde la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando policías municipales de Iguala, estatales de Guerrero y miembros del 27 batallón de Infantería participaron en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, que se ha convertido en el caso más emblemático de violación de los derechos humanos en la historia reciente del país. En este contexto, las autoridades deben ser especialmente sensibles a los reclamos de un sector marcado por profundas y añejas carencias económicas, muchos de cuyos jóvenes no tienen otra vía de acceso a la educación que la abierta por estos centros de formación docente.
Lejos de mostrar la sensibilidad y la prudencia requeridas, tanto por su puesto como por las circunstancias, el gobernador Escandón Cadenas hace gala una vez más de sus reflejos autoritarios y echa mano de la fuerza pública para terminar un conflicto cuya única salida verdadera pasa por el diálogo, la construcción de acuerdos y la voluntad política para atender a la ciudadanía en general y a uno de los grupos más desfavorecidos de ella, en particular.
