A más de un año de que se aprobó la Política Nacional Anticorrupción, ni la mitad de los estados han elaborado y aprobado sus respectivas políticas locales, que les servirían para desarrollar acciones y estrategias de combate y prevención de la corrupción en el ámbito regional.
Un informe presentado ayer al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) señala que únicamente 15 entidades han aprobado su Política Estatal Anticorrupción, un instrumento que sirve para trazar una ruta de acción contra este problema.
Los estados que ya cuentan con una política en la materia son: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, estado de México, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Se estima, según el informe, que para el cierre del primer semestre 18 entidades podrían tener ya aprobadas estas políticas que permitirán la aplicación integral de la Política Nacional Anticorrupción y que se dé seguimiento a los recursos que cada gobierno destina a enfrentar la corrupción.
El resto de los estados están en proceso de elaboración de estas normas, excepto dos, la Ciudad de México y Morelos, en donde no se han iniciado los trabajos para el desarrollo de estas políticas, según el informe.
En la sesión del comité participaron Alberto Alatorre, presidente del Comité de Participación Ciudadana; Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública; Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Loretta Ortiz Ahlf, consejera del Consejo de la Judicatura Federal; David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación; María de la Luz Mijangos Borja, fiscal especializada en Combate a la Corrupción, y Ricardo Salgado Perrilliat, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
