En la jornada de protesta debido a la detención de cerca de un centenar de alumnos de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá, Chiapas, estudiantes, profesores y organizaciones sociales protestaron en la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir la liberación de los jóvenes, quienes fueron traslados al penal de El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa, de dicho estado.

Representantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y de la Normal Rural de Mactumactzá, denunciaron que desde el 18 de mayo pasado, cuando fueron detenidos los normalistas, no han podido verlos ni saber cómo se encuentran. En entrevista, indicaron que al penal de El Amate fueron ingresadas 74 mujeres y 17 hombres. Además, hay cuatro personas “que son desplazadas del ejido Puebla, en Chenalhó, dos menores de edad”.

Agregaron que existen reportes de agresiones sexuales contra las mujeres normalistas y, además, hay estudiantes que estuvieron en la protesta, que no están entre los detenidos, pero tampoco se sabe nada de su paradero.

En la manifestación participaron también profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y organizaciones sociales, quienes previamente marcharon de la ex sede del Gobierno de Chiapas en la capital del país a la FGR.

Ahí, Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 de la CNTE, recordó que los normalistas fueron detenidos mientras protestaban para exigir “que el examen de ingreso para los futuros docentes fuera presencial y no en línea como pretende el mal gobierno”.

A esta detención, indicó, “hay que sumar los 43 compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, el cierre obligado de la Normal Rural de El Mexe, Hidalgo, un presupuesto cada vez más raquítico para las normales rurales, para obligarlas al cierre”.

Por su parte, dirigentes de la sección 7 de Chiapas, quienes sostuvieron un encuentro con padres de familia de los alumnos detenidos, informaron que su equipo jurídico encabezará la defensa legal y política de los jóvenes normalistas, y denunciaron que a la fecha el gobernador Rutilio Escandón, “mantiene una política de oídos sordos” para atender el llamado a la instalación de una mesa de negociación.