Nicaragua se encamina hacia la peor elección posible el 7 de noviembre, sin garantías ni reforma electoral, con el endurecimiento del control del FSLN sobre el aparato electoral, y tras el nombramiento de 10 magistrados leales al presidente Daniel Ortega.
Se trata, además, de una elección bajo estado policial, con más de 120 presos políticos, y sin libertades públicas. Pero al consumarse la división de la oposición entre la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL) y la Coalición Nacional, el escenario electoral puede ser incluso peor.
Este martes, el Consejo Supremo Electoral suspendió sin ningún asidero legal la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática (PRD), eliminando de la competencia política a la Coalición Nacional que había formado una alianza con este partido.
Mientras el Frente Sandinista concurrirá a la elección como primera minoría política, la oposición que se disputa a la mayoría política azul y blanco irá debilitada por la división, y cinco partidos colaboracionistas encabezados por el PLC del ex presidente Arnoldo Alemán están listos para cosechar los votos que les asigne la maquinaria del fraude.
Al eliminar el FSLN la segunda vuelta en la Ley Electoral, la ventaja competitiva de la primera minoría es mucho mayor cuando, además de controlar el poder electoral desde los magistrados hasta las Juntas Receptoras de Votos, se vislumbra una tendencia a la dispersión opositor. Ortega sólo necesita declarar 10, 100 mil, o 10 mil votos por encima del partido del segundo lugar para relegirse en la presidencia. La oposición, en cambio, necesita obtener al menos una ventaja irrefutable de 200 mil votos sobre el FSLN para neutralizar el fraude, y lograr una ventaja aún mayor de 750 mil votos en la elección legislativa, para defender su derecho a gobernar con mayoría calificada en el Parlamento.
Por ello era imperativa la unidad o alianza electoral de los principales actores de la oposición –Alianza Cívica, Unidad Nacional Azul y Blanco, Movimiento Campesino, ACxL, PRD, Alianza Ciudadana, Coalición Nacional– en una sola casilla. Según las proyecciones de todas las encuestas, solamente bajo este esquema de unidad nacional y con un candidato presidencial único y una lista consensuada de candidatos a diputados, la oposición podría lograr un alto grado de participación electoral para derrotar a Ortega, a pesar del fraude, y para ganar por mayoría calificada en la Asamblea para desmontar las estructuras de la dictadura.
Sin embargo, sea por arrogancia, sectarismo, o ineptitud política, la alianza electoral fue descartada, alegando de forma temeraria que las otras fuerzas eran prescindibles, pues el 7 de noviembre el “voto útil” de la oposición se inclinará por Ciudadadanos por la Libertad (CxL) y su candidato porque es “la casilla más segura”. Como respaldo de esta teoría se cita 1990, cuando el voto antisandinista derrotó al FSLN con mi madre Violeta Barrios de Chamorro como candidata de la coalición UNO, y 1996 cuando el voto se concentró en el candidato del PLC, Arnoldo Alemán, a pesar de la existencia de más de 10 opciones opositoras; pero nada de esto ocurrió en 2006, cuando la división del mayoritario voto anti-FSLN facilitó el triunfo de Ortega en primera vuelta.
La eliminación de la Coalición Nacional de la competencia electoral, ordenada por Ortega, es un golpe contra los movimientos autoconvocados que surgieron en las protestas de abril 2018, demandando la salida de Ortega y Murillo del poder, y una democratización profunda, con justicia y sin impunidad. Ortega y el FSLN no sólo tienen el control del poder electoral, desde los magistrados hasta las Juntas Receptoras para contar los votos, sino que ahora van decidir quiénes son los contrincantes a los que les permitirán participar, bajo las condiciones y las reglas de la dictadura.
Es también un golpe mortal a la credibibilidad del proceso electoral, que coloca en una encrucijada al bloque opositor de la Alianza Ciudadana, cuya casilla electoral también está siendo amenazada por la discrecionalidad de la dictadura.
En el peor escenario electoral posible, en Nicaragua no hay garantías electorales, libertades públicas, ni competencia política. Por tanto, si de verdad los líderes opositores quieren intentar la última posibilidad de hacer una “alianza de hecho” para derrotar a Ortega, deberían empezar por acordar una estrategia de unidad en la acción para relanzar la protesta cívica hasta lograr la suspensión del estado policial.
La realización de debates televisivos y encuestas de opinión sobre las fortalezas de los candidatos para unir al país y gobernar en democracia, son insumos importantes para seleccionar al candidato presidencial y a los diputados. Sin embargo, para devolverle la esperanza a la mayoría azul y blanco en el derecho al voto, ahora con la oposición dividida y con la Coalición Nacional excluida de la competencia política, no bastan los debates ni las encuestas, sino que es imperativo relanzar la resistencia cívica. Ese es el verdadero desafío de los precandidatos presidenciales, los inscritos en la Alianza Ciudadana, los excluidos, y los independientes, para perfilar el liderazgo de un “candidato único” que pueda unir a la oposición en la crisis nacional.
Si en los próximos 60 días de precampaña electoral el pueblo no recupera plenamente la libertad de movilización, tendremos elecciones casa por cárcel con actos de la oposición enjaulados por la custodia de la policía orteguista.
Por ello la única salida radica en recuperar y ejercer plenamente el derecho a la libertad de movilización y lograr la suspensión del estado policial. Sólo entonces, la oposición y su candidato podrían presionar por una reforma electoral y decidir, en igualdad de condiciones, si van a ir o no a unas elecciones competitivas sin garantías. De lo contrario, en las elecciones del 7 de noviembre se consumará la tercera relección consecutiva de Ortega a través del fraude electoral, colocando al país al borde del abismo de la ilegitimidad.
