Cada una de las partes ha avanzado piezas riesgosas en el tablero político, electoral y judicial. El bando federal consiguió una orden de aprehensión contra el gobernador de la discordia y por el Senado soplan aires en busca de desaparecer poderes en Tamaulipas. El bando estatal se pertrechó en el Congreso local, leal en su mayoría con el panista, que a su vez ha anunciado que resistirá “hasta el límite de sus fuerzas”.

Es una batalla institucional. Palacio Nacional se juega la subsistencia de Alejandro Gertz en la nada autónoma Fiscalía General de la República y apuesta a que el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca impacte en forma de desacreditación electoral al panismo y sus partidos aliados. La alianza antiobradorista, a su vez, busca aguantar cuando menos hasta después de los comicios del mes próximo (un trecho que en las circunstancias candentes que se viven parece demasiado largo, insostenible).

El fondo del asunto parece opacado o relegado por los embates político-electorales. Hay suficientes indicios delictivos en la conducta del panista García Cabeza de Vaca en diversos momentos de su vida política, no sólo a su paso por la administración de Tamaulipas, donde el poder político, sea priísta o panista, se ha entreverado por sistema con la corrupción “oficial”, la ejercida con cargo al erario, y la extraoficial, la relacionada con el predominio de cárteles del crimen organizado que han convertido a los mandatarios tamaulipecos en simples gerentes del aparato burocrático, explícitamente rellenos de plata.

La llamada Cuarta Transformación no ha podido o no ha querido avanzar en la captura y consignación de lo que la jerga popular llama “peces gordos” de la corrupción gubernamental. El elenco oscuro del priísmo sigue virtualmente intocado, sobre todo Enrique Peña Nieto y su círculo más cercano, y con las ansias morenistas de ganar elecciones a costa de lo que sea hay candidaturas nefastas en curso.

Pero nada de ello, ni las profundas discusiones de jurisperitos, reales o habilitados, sobre el fuero en sus ámbitos estatal y federal, puede disolver o atenuar el hecho central: hay un expediente amplio sobre las probables implicaciones delictivas de García Cabeza de Vaca; el tema no es menor ni se circunscribe al tamaulipeco: abarca las prácticas corruptas ya casi institucionalizadas de “opositores”, no se diga ya llegados al poder.

Por ello, frente al riesgo de que la caída del gobernador de Tamaulipas provoque un efecto dominó, con gran enjundia han cerrado filas los panistas, mientras taimadamente los priístas y perredistas, igualmente magistrales en cuanto a corruptelas y simulación, atacan con declaraciones en espera de negociaciones, y Movimiento Ciudadano (las pasiones desatadas de Dante) fluctúa entre tomar distancia de PAN, PRD y PRI y alinearse con éstos para combatir al “dictador”.

En otro tema, el consejero Martín Faz Mora (de la nueva generación de integrantes del consejo del Instituto Nacional Electoral elegidos en julio de 2020) discrepó de los señalamientos de Lorenzo Córdova Vianello respecto a las posibilidades de anular las elecciones en puerta. Es decir, acepta Faz que la ley contempla diversas circunstancias que podrían llevar a cualquier comicio a un desenlace negativo, pero considera que no debería el consejero presidente del INE expresar esas consideraciones que, en última instancia, habrían de ser asumidas por el Tribunal Electoral federal.

“El fantasma de la nulidad o el del abstencionismo (…) pueden ser parte de una narrativa o de un análisis personal o particular, (pero) no son los elementos que deben estar sobre la mesa en las vísperas de un proceso electoral”, señaló Faz, quien asegura que está “servida la mesa”, desde el punto de vista organizativo, para el próximo 6 de junio. Y, en todo caso, llegar a esa anulación de elecciones sería “una especie de fracaso” para el propio INE (nota y liga de video: https://bit.ly/3v79sot). ¡Hasta el lunes!

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