La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo el miércoles una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y seis personas más que habrían participado con el funcionario en una red de lavado de dinero. Horas más tarde, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público notificó que ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de mandatario estatal, así como de 12 personas físicas y 25 morales de su entorno, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria a fin de que su personal en los 194 puntos de internación al país verifique e informe a la FGR sobre los movimientos de ingreso y salida en territorio nacional del jefe del Ejecutivo estatal. Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió un oficio en el cual el gobierno de Estados Unidos incluye al político tamaulipeco en una lista de personas investigadas por lavado de dinero, y la Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que las autoridades mexicanas solicitaron a la Interpol la emisión de una ficha roja para la búsqueda y captura internacional del gobernador panista.
De acuerdo con el abogado de García Cabeza de Vaca, el ex senador y ex secretario del Trabajo durante el calderonato, Javier Lozano Alarcón, el mandatario se encuentra en la sede del gobierno estatal en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas. Si dicha versión es cierta, la acción de la justicia federal podría implicar una indeseable confrontación con las fuerzas policiacas de la entidad, sabidamente cooptadas por la delincuencia, como lo está buena parte de las instituciones de esa entidad fronteriza donde la podredumbre se generalizó a tal grado que dos de los pasados cuatro gobernadores se encuentran encarcelados –uno en Estados Unidos y el otro en México, en espera de ser extraditado–. Ante tal impasse, generado por la complicidad del Congreso local con el gobernador y el empeño en conservarle el fuero, pese a las múltiples evidencias en su contra, se prefigura el camino de la desaparición de poderes, un trámite que debe procesarse en el Senado.
Es en todo punto lamentable que las dirigencias local y federal del PAN cierren filas en torno a un correligionario sobre el que pesan acusaciones graves de defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El despliegue de recursos para evitar que el aún gobernador tamaulipeco comparezca ante los tribunales constituye una flagrante obstrucción a la justicia que robustece la sospecha de culpabilidad, vulnera el estado de derecho y fomenta un enrarecimiento político que no tiene razón de ser en un proceso de esclarecimiento judicial de presuntos ilícitos. Si desea rencauzar la institucionalidad y despejar las sospechas levantadas por su enriquecimiento hasta ahora inexplicado, García Cabeza de Vaca debe dejar de atrincherarse, deponer su desafío a la justicia y establecer su inocencia ante las instancias judiciales correspondientes.
