Ciudad de México. Pese a las promesas del gobierno federal de no publicar la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) mientras no se atendieran las inquietudes de familiares de personas desaparecidas, este jueves apareció ya la mencionada norma en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Como lo había adelantado La Jornada en la nota de su versión impresa, la ley fue publicada hoy en la edición matutina del DOF.

La coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, Valentina Peralta, afirmó en entrevista que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se aprestará a interponer una acción de inconstitucionalidad contra dicha norma.

De igual manera, indicó que hoy comenzará una campaña en redes sociales a cargo de diversos colectivos civiles, para denunciar lo que consideran un acto de “traición” por parte de los funcionarios que se comprometieron a no avalar la nueva ley de forma apresurada.

En charla con La Jornada, la activista explicó que ayer miércoles la titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Olga Sánchez Cordero, le pidió a la Comisión Nacional de Búsqueda que le informara a diversas organizaciones sobre la inminente publicación de la referida norma, para evitar que las familias de víctimas se enteraran hoy de forma sorpresiva.

“Dio instrucciones para que nos informaran, siempre pensando en que iba a ser tomada de una manera muy dura, como una traición, si ella –apenas unas horas antes—se había comprometido a algo, y que de repente amanecieran las familias con la publicación en el DOF. Entonces prefirió dar la cara, enviando a las personas que dependen de ella”, abundó.

Peralta señaló también que la CNDH se comprometió a esperar la publicación de la ley de la FGR para presentar una acción de inconstitucionalidad, como está entre sus facultades.

La activista aseveró que una de las principales preocupaciones de los colectivos es que la nueva norma pueda obstaculizar la próxima entrada en vigor del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.

“Con esta nueva ley habría una puerta abierta para que la Fiscalía General y las fiscalías estatales se negaran u obstaculizaran el acceso a la identificación a los casi 40 mil seres humanos que están sin vida y sin identidad bajo el resguardo de las distintas fiscalías. Esto impacta de manera directa el tema de la identificación”, recalcó.

Ante esta situación, las familias buscarán que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometa al menos a que la SG asuma el control del sistema forense y resuelva la crisis de identificación en esta materia.

“Las familias están diciendo que mientras se ve qué pasa con la acción de inconstitucionalidad y todo esto, estaríamos planteando que el Presidente publique un decreto donde se ordene que las bases de datos de las personas sin vida no identificadas se le transfieran a la SG y se establezca que va a tener todos los recursos materiales para poder intervenir”, dijo.

“Si bien las familias vamos a pugnar por esta acción de inconstitucionalidad, tenemos que pensar en un plan B, para no entramparnos ahí hasta que pase o no pase, y podríamos empezar a visualizar que nuestros temas de preocupación específicos que más nos preocupan sean atendidos.

“Si el Presidente de la República se compromete a que él va a tutelar el sistema forense, creo que las familias podrían en un momento dado aceptar la circunstancia, siempre y cuando estas partes consideran de mayor afectación, sean protegidas”, enfatizó.

El compromiso se adquirió el pasado 17 de mayo

Peralta recordó que el pasado 10 de mayo integrantes de diversas organizaciones que forman parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México entregaron una carta en Palacio Nacional, que fue recibida por Sánchez Cordero; el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Alejandro Encinas, y la titular de la CNB, Karla Quintana.

En dicha misiva, los inconformes le solicitaron a López Obrador que ejerciera su derecho de veto a la Ley de la FGR. En respuesta, Sánchez Cordero convocó a los representantes de siete colectivos de familias y tres organizaciones de la sociedad civil que los acompañan a una reunión que se llevó a cabo el pasado 17 de mayo.

Ahí, la titular de la SG “se comprometió a que no se iba a publicar (de manera apresurada la Ley de la FGR), porque Gobernación sabía que había varios elementos dentro de esta nueva norma que perjudicaban los derechos de las víctimas.

“Por lo tanto, dijo que ya ella había consultado –nosotros suponemos que con el Presidente, porque no hay nadie más con quien pueda consultar arriba de ella—y había una buena disposición para que esa ley no se publicara sino hasta que el Presidente se reuniera de manera virtual o presencial (en una reunión chica, no masiva), con las personas que representan los principales colectivos y redes” que se habían opuesto a la publicación de la nueva norma en el Congreso.

Según la luchadora social, Sánchez Cordero iba a convocar en cuestión de días a una reunión de las familias con el Presidente “para que él escuchara cuáles son sus ‘irreductibles’, sus principales preocupaciones”, ya que la iniciativa de veto presidencial no se iba a poder llevar a cabo tal cual.

Sin embargo, el compromiso era que el mandatario pudiera escuchar cuáles eran las demandas más sentidas de las familias “y regresar la ley a la Cámara de Senadores, proponiéndoles algunos tipos de ajustes de última posibilidad”.

Peralta lamentó: “sabemos que después se dio la instrucción desde la Presidencia de que se publicara. Nosotros sabemos, por todo lo que se ha manifestado en privado y en público por Sánchez Cordero, Encinas y la CNB, que ellos están totalmente claros de estos elementos que perjudican de manera directa e indirecta los derechos de las víctimas”.

Pese a ello, la titular de la SG “estuvo obligada a enviarla, pues quien tiene que enviar al DOF las publicaciones es Gobernación, y la instrucción que recibió la secretaria, aun yendo en contra de su propia convicción, fue enviarla, y tuvo que obedecer.

“Sabiendo que no iba a poder cumplir con su palabra del lunes, lo que hizo fue instruir a la CNB para que a las personas que habían participado en la reunión de ese día, s enos informara de esta situación, que iba contraria a los acuerdos, las promesas e inclusive a la interpretación jurídica que la misma secretaria, Encinas y Quintana han manifestado en incontables ocasiones. Pero que ni hablar, tenía que hacerlo”.