La Presidencia de la República y la Cámara de Diputados impugnaron, a través de recursos de queja, las suspensiones definitivas que Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo especializado en competencia económica y telecomunicaciones, otorgó a particulares y empresas contra el registro de datos personales y biométricos en el nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).
El caso pasará a manos de cualquiera de los dos tribunales colegiados en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, quienes resolverán si confirman, revocan o modifican la medida cautelar del juez federal.
Desde abril, los jueces primero y segundo de distrito en materia administrativa, especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza y Gómez Fierro, quienes también han concedido recursos contra la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, otorgaron 362 suspensiones provisionales, de ellas 219 definitivas, contra el registro de datos biométricos, de ellas 60 definitivas y desecharon poco más de 300 recursos.
Las medidas cautelares concedidas son para el efecto de que no se aplique a los quejosos la obligación establecida en la norma reclamada, consistente en registrar su línea telefónica móvil en el Panaut y, en consecuencia, no se las cancelen por no hacerlo.
El Panaut obliga a los 122 millones de usuarios de celulares a darse de alta y registrar sus datos biométricos, es decir, huella dactilar y facial, así como el iris de los ojos, de lo contrario se les cancelará la línea y serán multados. También establece que el Panaut contendrá, sobre cada línea telefónica móvil, fecha y hora de la activación de la línea adquirida en la tarjeta SIM, y nombre completo o, en su caso, denominación o razón social del usuario.
En su momento, el juez Gómez Fierro argumentó en sus resoluciones que la entrega de datos “podría no ser idónea ni proporcional”, ya que no se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos”, y que puede afectar derechos humanos.
“No se aprecia cómo es que la entrega de esos datos personales, como excepción al principio de su protección, podría influir de manera positiva en las actividades de seguridad pública que el Estado está obligado a desplegar”.
