Las disputas internas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se recrudecieron.
La decisión de cancelar las reuniones previas a las sesiones públicas adoptada la semana pasada motivó que el presidente del tribunal, José Luis Vargas, remitiera un oficio a sus colegas para requerirles anunciar el sentido de su voto en cada asunto, con la finalidad de contar con “condiciones óptimas” para reflejar el “resultado de la votación”.
En respuesta, cinco de los siete magistrados rechazaron “enérgicamente” la pretensión de Vargas por considerar que “atenta contra nuestra independencia y autonomía”. Descalificaron el fundamento legal expuesto, toda vez que “puede inducir a caer en responsabilidad, en tanto que se nos pide adelantar la emisión de nuestro voto antes de discutir los asuntos listados en la sesión pública de resolución”, señalaron los magistrados Felipe Fuentes Barrera, Janine Otálora, Felipe de la Mata, Reyes Rodríguez e Indalfer Infante.
Este cruce de oficios es un episodio más de la accidentada presidencia de Vargas, que ha ido aislándolo en su gestión, pues sólo la magistrada Mónica Soto ha asumido una postura neutral. La inconformidad en su contra comenzó con la presunta alteración que hiciera de una votación en el seno del consejo de administración del TEPJF, que lo confrontó con el Consejo de la Judicatura Federal. Frente a las descalificaciones de esta instancia, los cinco magistrados se desmarcaron y lo dejaron solo en el diferendo, desvinculándose de la actuación de Vargas.
Semanas después, en medio de la polémica por la dilación en resolver las candidaturas de Morena a gobernador en Michoacán y Guerrero, así como el acuerdo del Instituto Nacional Electoral sobre asignación de diputaciones plurinominales, en un oficio, los cinco magistrados acusaron a Vargas de aplazar unilateralmente la convocatoria a sesiones y dilatar la resolución de casos torales para los comicios, acusándolo de carecer de facultad legal para hacerlo.
Las diferencias por el retraso en las convocatorias a sesionar motivo la cancelación de las reuniones previas y dio pauta al oficio del secretario general de Acuerdos, Carlos Vargas, por instrucciones del presidente del TEPJF: “se sirvan instruir a quien corresponda, para que me sean enviados antes de la sesión privada, en el formato que les enviaré, el sentido de su voto en cada uno de los asuntos listados para ser discutidos y resueltos en la sesión pública”.
De no contar con dichos datos, se prevé realizar breves pausas a la sesión pública con el fin de permitir un conteo adecuado y claro de los sufragios y emitir la lectura.
El amago de Vargas suscitó el rechazo “enérgico” de la mayoría de magistrados: “se trata de una petición que carece de todo fundamento legal y atenta contra nuestra independencia y autonomía que, como juzgadores, tenemos en lo individual, y como integrantes de un órgano jurisdiccional colegiado”.
En su escrito consideraron que la solicitud enviada no era atendible “porque no cuenta con sustento legal y anula por completo la posibilidad del debate y la deliberación de asuntos”.
