El pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), confirmó la resolución del 22 de febrero de 2019, donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le impuso al ex rector de la Universidad Autónoma del estado de Morelos (UAEMor), Alejandro Vera Jiménez, una sanción resarcitoria por un millón de pesos, y ordenó su inscripción en el Registro de Servidores Públicos Sancionados, debido a irregularidades detectadas dentro del esquema conocido como estafa maestra.
Por mayoría de nueve votos, los magistrados aprobaron el proyecto del magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, quien argumentó que el fiscalizador aplicó la normativa correcta, fundó y motivó su resolución, por lo que declaró que Vera Jiménez no acreditó sus pretensiones de impugnar el fallo de la ASF.
Jiménez Illescas recordó que el 6 de octubre de 2014 se suscribió un convenio de colaboración entre la UAEMor y la Secretaría de Desarrollo Social a través del Instituto Mexicano de la Juventud, por un millón de pesos.
Subcontratación indebida
Esa casa de estudios ejecutaría diversas acciones y obligaciones con la finalidad de obtener un diagnóstico acerca de las condiciones educativas y económicas involucradas en el desarrollo de proyectos de emprendimiento juvenil sustentables en México, y conocer cómo impactaban en el desarrollo y habilidades para el emprendimiento.
“Sin embargo, la ASF advirtió que la universidad subcontrató con el tercero denominado México Crece, Promotores Educativos, Asociación Civil, los servicios que se había obligado a prestar en forma directa y le pagó 942 mil 920 pesos, lo que significa que la universidad subcontrató más de 49 por ciento de los servicios pactados contraviniendo con esto el artículo 1, quinto párrafo de la Ley de Adquisiciones y el artículo cuarto de su reglamento. Además de que no se demostró la entrega de los servicios pagados en los términos convenidos, pues los entregables provenían de fuentes de Internet, sin ninguna, adecuación o interpretación por parte de la universidad”.
De ahí, sostuvo el magistrado Jiménez Illescas, que la conducta reprochada al demandante, es que en su calidad de rector de la universidad “suscribió indebidamente el convenio”.
